Los abogados paranaenses Rubén Pagliotto, Raymundo Kisser y Armando Aquino Britos (radicado en Corrientes), obtuvieron el jueves 28 la Habilitación de Feria, dictada por el Juzgado Federal de Paraná, a cargo del doctor Daniel Alonso, tras interponer una acción de hábeas corpus preventivo y colectivo ante la Justicia Federal de Paraná.La presentación busca un fallo favorable para frenar el decreto 941/2025, que permite a agentes de inteligencia (SIDE) realizar arrestos sin orden judicial. Advirtieron que esa medida firmada por el presidente Milei pone en riesgo la libertad de todos los ciudadanos. Al día siguiente, el mismo juez desestimó la acción.El núcleo del reclamo se centra en que la nueva normativa permite que agentes de inteligencia —cuya identidad y funciones son por ley secretas y encubiertas— puedan realizar ‘aprehensiones de personas’ en situaciones de flagrancia o bajo la excusa de proteger sus propias operaciones. Según los denunciantes, esto transforma a un organismo de espionaje en una fuerza de seguridad con poder de policía prohibido por la Constitución Nacional.Los abogados entrerrianos solicitan, además, la inconstitucionalidad del decreto por considerar que el presidente de la Nación no puede regular cuestiones que afectan la libertad personal y el derecho penal mediante un DNU. Argumentan que este tipo de restricciones solo pueden ser discutidas y aprobadas por el Congreso de la Nación, respetando la división de poderes y los tratados internacionales de Derechos Humanos.<h2>Desestiman la acción</h2>El mismo juez Alonso, que habilitó la feria para atender la acción de Habeas Corpus preventivo, se expidió al día siguiente (jueves 29) para rechazarlo, “por no encuadrar en los supuestos previstos en el art. 3° inc. 1 de la ley 23.098, de conformidad con lo dispuesto en el art. 10, primer párrafo, de dicha norma y los fundamentos vertidos en los considerandos. II) COSTAS a los presentantes. III) ELEVAR las presentes a la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, conforme lo dispuesto en el art. 10, segundo párrafo, de la ley 23.098”.

Abogados contra DNU que faculta a la SIDE detener personas

Durante el receso educativo de verano, el Gobierno de Entre Ríos mantuvo activa una política clave de contención social al sostener el funcionamiento de los comedores escolares en distintos puntos del territorio provincial. La iniciativa benefició a 8.274 estudiantes que asistieron a 232 escuelas abiertas especialmente para garantizar el acceso a una alimentación adecuada, aun fuera del calendario lectivo.El operativo fue llevado adelante por el Ministerio de Desarrollo Humano, que aseguró la continuidad del servicio en establecimientos educativos de todos los departamentos, con especial presencia en aquellos con mayor matrícula y demanda social. De este modo, la provincia reafirmó el rol del Estado como garante de derechos básicos, priorizando el cuidado integral de niños, niñas y adolescentes.“La alimentación como política de Estado reafirma un modelo de gobierno presente, con planificación, inversión y alcance territorial. Sostener los comedores durante el verano es una decisión política que garantiza derechos y expresa una gestión comprometida con las familias entrerrianas”, destacó el director de Comedores, Lautaro Azzalini.<h2>Presencia en todo el territorio provincial</h2>Entre los departamentos con mayor cantidad de estudiantes asistidos se destacó Concordia, donde 2.370 alumnos y alumnas accedieron al servicio en 49 escuelas. Le siguieron Federación, con 1.043 estudiantes en 29 establecimientos, y La Paz, con 1.026 beneficiarios distribuidos en 25 escuelas.En el departamento Paraná, sumando ciudad y campaña, el operativo alcanzó a 1.013 estudiantes en 39 escuelas abiertas durante el período estival. Asimismo, la política se extendió a los departamentos Colón, Diamante, Federal, Feliciano, Nogoyá, Uruguay, Victoria y Villaguay.La continuidad de los comedores escolares durante el verano refuerza una estrategia de equidad territorial y acompañamiento a las familias, consolidando a la escuela como un espacio de cuidado, inclusión y protección social. Aun fuera del ciclo lectivo, las políticas alimentarias se sostienen como una herramienta central para garantizar derechos y fortalecer el entramado comunitario en toda la provincia.

Entre Ríos sostuvo los comedores escolares durante el receso y garantizó el derecho a la alimentación de más de 8.000 estudiantes

Entre Ríos sostuvo los comedores escolares durante el receso y garantizó el derecho a la alimentación

Un proyecto de declaración ingresado este miércoles a la Cámara de Diputados de Entre Ríos instó al cuerpo legislativo a acompañar la solicitud de declaración de interés legislativo del Tercer Encuentro Interdisciplinario de Actualización Hospitalaria, realizado el martes 27 de enero en el Centro de Convenciones Papa Francisco de la ciudad de Villaguay.La iniciativa fue presentada por la diputada provincial Susana Pérez, integrante del bloque Juntos por Entre Ríos (JxER), y tuvo como objetivo destacar la importancia de este tipo de instancias de formación continua para los equipos de salud. La actividad fue impulsada por la División de Enfermería del Hospital Santa Rosa y se desarrolló entre las 8 y las 13 horas, con una amplia participación de profesionales del ámbito sanitario.En los fundamentos del proyecto, la legisladora subrayó que “el avance constante del conocimiento científico y técnico en el ámbito de la salud exige una actualización permanente de los equipos interdisciplinarios que conforman el sistema hospitalario”. En ese sentido, remarcó que la capacitación continua “fortalece la calidad de atención, mejora la toma de decisiones clínicas y promueve intervenciones oportunas, seguras y basadas en evidencia”.El pedido de declaración precisó como objetivo general favorecer la actualización interdisciplinaria de los equipos de salud en temas críticos de obstetricia y ginecología, promoviendo la calidad y seguridad en la atención hospitalaria. Asimismo, se detallaron objetivos específicos orientados a actualizar conocimientos sobre la recepción y cuidados del recién nacido, fortalecer el rol de enfermería ante eventos pediátricos y neonatales, y promover el intercambio interdisciplinario entre distintos profesionales del sistema de salud.El encuentro estuvo destinado a médicos de diversas especialidades, obstetras, licenciados y personal de enfermería, kinesiólogos, bioquímicos y estudiantes de carreras vinculadas al área de la salud, fomentando un abordaje colaborativo e integral basado en evidencia científica.El programa incluyó exposiciones de la pediatra Karina Cordobés, quien abordó la atención del recién nacido; de la enfermera Lucía Valiente, sobre cuidados del recién nacido; de la doctora en pediatría Lucrecia Mancini, quien disertó sobre gastroenteritis, manejo de la hidratación y síndrome febril; y del pediatra Leonardo Pepey, con una presentación sobre el manejo de la vía aérea difícil. Las actividades fueron moderadas por el médico anestesista Flores Franco y la licenciada Gloria Ojeda.Desde la Legislatura se valoró la realización de este tipo de encuentros que contribuyen al fortalecimiento del sistema de salud pública y al mejoramiento continuo de la atención hospitalaria en la provincia.

Diputados impulsan la declaración de interés legislativo de un encuentro de actualización hospitalaria en Villaguay

En el Consejo General de Educación (CGE) se llevó a cabo una reunión interinstitucional con el objetivo de coordinar acciones y delinear prioridades en materia de obra pública escolar en la provincia de Entre Ríos. El encuentro se enmarca en una estrategia de trabajo conjunto orientada a optimizar la planificación y ejecución de intervenciones en establecimientos educativos.Participaron de la reunión el presidente del CGE, Carlos Cuenca; el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob; el coordinador general de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), Gustavo Cusinato; el presidente del directorio de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG), Carlos Cecco; y el director subadministrador de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Alfredo Bel, junto a otros funcionarios de organismos vinculados a la ejecución de obras públicas.La mesa de infraestructura educativa se consolida como un espacio de articulación entre las distintas áreas del gobierno provincial involucradas en la planificación, ejecución y control de obras en edificios escolares. Su finalidad es ordenar la demanda existente, definir criterios de prioridad y garantizar un uso eficiente de los recursos disponibles.Entre las principales funciones de este ámbito de trabajo se destacan la coordinación de acciones entre los organismos ejecutores del Estado, el seguimiento del estado edilicio de los establecimientos y predios educativos, y la elaboración de informes técnicos que sirvan de base para la toma de decisiones estratégicas.La conformación de esta instancia busca fortalecer el abordaje integral de las problemáticas de infraestructura escolar, promoviendo una dinámica de trabajo articulada entre el CGE, el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, la UEP, CAFESG y la DPV. De esta manera, se apunta a brindar respuestas más eficaces y sostenidas a las necesidades del sistema educativo entrerriano, mejorando las condiciones de enseñanza y aprendizaje en toda la provincia.

Avanza la articulación interinstitucional para planificar obras en escuelas entrerrianas

Desde la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) emitieron un comunicado en el que expresan su preocupación ante los trascendidos sobre un nuevo e importante recorte de horas extras en distintos ámbitos de la administración pública entrerriana, principalmente en Ministerios y algunos organismos del Estado. Bajo el interrogante “¿Llegó Milei a la provincia?”, el sindicato reclamó al Gobierno provincial una urgente aclaración y advirtió que los trabajadores “no están dispuestos a soportar más esfuerzo” ni a seguir perdiendo poder adquisitivo.La secretaria gremial de UPCN, Cristina Melgarejo, señaló que el sindicato fue contactado por trabajadores de varios Ministerios debido a versiones que dan cuenta de un recorte “importante e indiscriminado” de las horas extras. “Ante esto nos preguntamos: Milei, ¿llegó a Entre Ríos?”, expresó la dirigente, al tiempo que aclaró que hasta el momento no han logrado confirmar la existencia de una directiva oficial en ese sentido, motivo por el cual exigen respuestas concretas.Melgarejo explicó que la falta de actualización salarial afecta a todos los trabajadores del Estado, aunque algunos sectores se verían particularmente perjudicados si se avanza con un nuevo recorte de ingresos en un concepto que, en muchos casos, ya es considerado parte del salario habitual. “Esta incertidumbre genera malestar e impotencia, sobre todo en organismos que han trabajado intensamente durante enero para cerrar el 2025, como los contables, o para cumplir con las recategorizaciones, como sucedió en Recursos Humanos”, sostuvo.En ese marco, la dirigente remarcó que la situación amerita una urgente aclaración por parte del Gobierno provincial y reclamó conocer de primera mano cuál es el plan oficial para sostener el poder adquisitivo, que —según indicó— “viene deteriorándose sucesivamente”. “Conocemos la realidad y la crisis que atraviesa el país, pero no vamos a permitir que se siga retrocediendo en perjuicio de los trabajadores”, subrayó.<h2>“A la eficacia la garantizan los trabajadores”</h2>Melgarejo también cuestionó cuáles son las variables que se están considerando para mantener el equilibrio fiscal y reclamó que los esfuerzos sean compartidos por todos los sectores. “Se habla tanto de transparencia y de eficacia en la administración pública, pero que no se equivoquen: eso no lo garantizan los funcionarios con un discurso político. Se logra con la tarea cotidiana que requiere la presencia y disposición de los trabajadores”, afirmó.Si bien UPCN se mantiene a la espera de la paritaria, la dirigente advirtió que, ante la problemática específica de las horas extras, es necesaria una pronta reunión para discutir la situación y definir cómo continuará el tema. En ese sentido, reprochó que “con estas decisiones unilaterales el gobierno apura la conflictividad”.Desde el sindicato plantearon como gesto urgente que el Ejecutivo provincial convoque a UPCN para brindar información clara y poder transmitirla “de manera seria y responsable” a los trabajadores. Asimismo, Melgarejo indicó que, en caso de confirmarse un recorte, será fundamental saber si se tratará de una medida transitoria o permanente, y qué tipo de compensaciones estarían previstas.“En medio de una crisis que es evidente, entendemos que cualquier quita de ingresos es un tema muy sensible en el que no podemos permanecer indiferentes”, remarcó, y concluyó: “Esperemos que la pregunta sobre si Milei llegó a Entre Ríos sea solo una confusión administrativa”.

UPCN cuestionó posibles recortes de horas extras y pidió explicaciones al Gobierno provincial

La medida se adoptó tras evaluar que ha transcurrido “una primera etapa de gestión”, lo que llevó al Ejecutivo a considerar “conveniente y oportuno efectuar nuevas adecuaciones en la organización ministerial, a fin de optimizar la asignación de funciones, fortalecer la coherencia funcional entre las políticas públicas y mejorar la eficiencia en la gestión administrativa”, según se expresa en los fundamentos del decreto.Entre las principales modificaciones, el artículo 1° establece que los Ministerios de Hacienda y Finanzas y de Planeamiento, Infraestructura y Servicios pasarán a denominarse Ministerio de Economía y Servicios Públicos y Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, respectivamente.En tanto, el artículo 2° dispone que la Secretaría de Transporte y la Secretaría de Energía quedarán bajo la órbita del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.El artículo 3° redefine el alcance de la Secretaría de Modernización, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, que pasará a llamarse Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, absorbiendo las competencias y la estructura de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. A su vez, se suprime el cargo de Secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación.Por otra parte, el artículo 4° establece la escisión de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería del Ministerio de Desarrollo Económico, quedando conformadas la Secretaría de Industria y la Secretaría de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor. En línea con esta reorganización, el artículo 5° suprime la Secretaría de Desarrollo Productivo y Emprendedor, cuyas competencias serán absorbidas por la Secretaría de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor.Asimismo, el artículo 6° convierte la Dirección General de Mantenimiento de Casa de Gobierno, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, en Coordinación de Mantenimiento de Casa de Gobierno, que pasará a depender de la Dirección General de Intendencia y Servicios, perteneciente al Ministerio de Planeamiento e Infraestructura.El decreto también crea, a través del artículo 7°, la Coordinación Operativa de la Oficina del Gobernador, en el ámbito de la Gobernación. Este nuevo organismo tendrá como misión asistir de manera directa al gobernador, garantizando el adecuado funcionamiento de su agenda institucional y la articulación operativa de sus actividades.En materia social, el artículo 8° unifica la Dirección General de Economía Social y la Dirección de Políticas Comunitarias y Territoriales, dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano, que pasarán a denominarse Dirección General de Economía Social y Políticas Comunitarias.Por último, el artículo 9° dispone que la Compañía Entrerriana de Gas SA (CEGSA) y la empresa Energía de Entre Ríos SA (ENERSA) se relacionarán con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Servicios Públicos. En tanto, el artículo 10° confirma que los organismos reubicados o modificados mantendrán sus estructuras inferiores actuales, las cuales se considerarán automáticamente transferidas a las nuevas jurisdicciones.

El Gobierno provincial reordenó la estructura ministerial mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial

La empresa Urcel Argentina S.A. emitió en la tarde de este lunes un comunicado dirigido a la opinión pública, en el que expuso su postura frente al conflicto gremial que en las últimas horas derivó en la paralización total del Puerto de Concepción del Uruguay, con bloqueos de accesos e interrupción de la operatoria portuaria.Según detalló la firma, la situación se desencadenó a partir de la obstrucción del ingreso a las instalaciones portuarias por parte de personas ajenas al ámbito operativo, lo que impidió el normal desarrollo de las tareas previstas. En ese marco, la empresa señaló que se vio afectada la carga del buque Días Well, programada para el sábado, y que un segundo buque, el African Piper, debió permanecer en espera debido a la paralización total de actividades durante dos días consecutivos. La situación, indicaron, derivó además en desmanes dentro del predio portuario.En el comunicado, Urcel Argentina sostuvo que el conflicto “resulta completamente ajeno a la empresa y a sus trabajadores”, y atribuyó su origen a una disputa intergremial entre dos sindicatos que reclaman la representación de los trabajadores en los puertos de Concepción del Uruguay e Ibicuy. En ese sentido, la firma afirmó que su accionar se orientó en todo momento a priorizar la paz social y la defensa de las fuentes laborales directas e indirectas vinculadas a la operatoria portuaria.Asimismo, la empresa manifestó su confianza en la intervención de las autoridades competentes para que, a través de los canales legales correspondientes, se arbitren soluciones que permitan resolver el conflicto y garantizar la continuidad de la actividad en los puertos entrerrianos. “Nuestra empresa es ajena a los conflictos internos de los gremios en disputa y se limita a generar trabajo genuino, con salarios dignos”, expresaron.Urcel Argentina remarcó además que desde 2018 sostiene de manera ininterrumpida la actividad en los puertos de Concepción del Uruguay e Ibicuy, generando —según detalló— más de 500 puestos de trabajo directos en cada puerto y más de mil empleos indirectos en la cadena productiva y comercial del sector forestal. En ese marco, destacó que en todas sus operaciones se emplea mano de obra local y que se ha dado cumplimiento a la legislación laboral vigente, acuerdos paritarios, pago bancarizado de salarios y normas de seguridad laboral.Finalmente, la empresa reafirmó su disposición al diálogo y su voluntad de realizar los esfuerzos necesarios para arribar a una solución definitiva que permita continuar con la actividad y el desarrollo del sistema portuario entrerriano.<section class="noteSuggested" data-id="2546" data-title="Puede interesarte"></section><h2>Escalada del conflicto y conciliación obligatoria</h2>El pronunciamiento empresarial se conoció en un contexto de fuerte tensión en el Puerto de Concepción del Uruguay. El paro total de actividades iniciado el domingo derivó en la declaración de estado de alerta por parte de la Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA), que advirtió sobre la posibilidad de un paro total nacional en respaldo a los trabajadores locales. Desde el SUPA Concepción del Uruguay denuncian precarización laboral, desconocimiento de su representación sindical y el desplazamiento de mano de obra local.Ante la escalada del conflicto, la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos dictó la conciliación obligatoria por un plazo de 15 días hábiles, a partir del lunes 26 de enero de 2026. Durante ese período, el sindicato deberá suspender las medidas de fuerza y la empresa abstenerse de aplicar represalias. Además, se convocó a una audiencia de conciliación para el martes 10 de febrero, en la ciudad de Paraná.Mientras tanto, el conflicto continúa bajo seguimiento de las autoridades provinciales y nacionales, con impacto en una actividad considerada estratégica para la economía regional y con derivaciones que podrían extenderse al sistema portuario de todo el país si no se alcanza un acuerdo.

Urcel Argentina fijó su postura por el conflicto gremial que paralizó el puerto de Concepción del Uruguay

El conflicto desatado en el Puerto de Concepción del Uruguay por el accionar de la empresa de capitales uruguayos Urcel Argentina S.A. escaló en los últimos días y puso en alerta a todo el sistema portuario nacional. La situación llevó a la Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA) a declarar el estado de alerta y posible paro total nacional en respaldo a los trabajadores entrerrianos, quienes denuncian precarización laboral y desconocimiento de su representación sindical.El paro total de actividades iniciado el domingo en el puerto local se profundizó a partir de la negativa de la empresa a reconocer al Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) de Concepción del Uruguay como entidad gremial legítima. Desde el sector denuncian que Urcel SA margina a los estibadores locales, entre los peores pagos del país en el rubro portuario, y traslada personal de otras localidades, sin experiencia, para desplazar la mano de obra entrerriana, vaciar de trabajo al puerto y precarizar las condiciones laborales.Las protestas incluyeron bloqueos de accesos, manifestaciones en el ingreso al puerto y la paralización completa de la operatividad. Los trabajadores acusan a la empresa de prácticas antisindicales, exclusión del sistema de rotación, pagos por debajo del convenio colectivo y un intento sistemático de explotación que afecta directamente el sustento de numerosas familias que dependen de la actividad portuaria.<section class="noteSuggested" data-id="2542" data-title="Puede interesarte"></section><h2>Alerta nacional de la FEPA</h2>La FEPA, con su secretario general Marcelo Osores presente en Concepción del Uruguay junto a los trabajadores, acompañó las medidas de fuerza y advirtió que, de persistir la postura empresarial, el conflicto podría derivar en un paro total nacional en todos los puertos del país.Desde la federación señalaron que la empresa no solo desconoce al sindicato legalmente constituido, con autoridades electas democráticamente, sino que además somete a trabajadores traídos de otras localidades a condiciones de explotación, con el objetivo de desarticular la organización gremial y vaciar de contenido al puerto entrerriano. La FEPA calificó el accionar de Urcel SA como precarizador y antisindical, y advirtió que este tipo de prácticas podría extenderse a otros puertos si no se frena a tiempo.<h2>Conciliación obligatoria dictada por la Provincia</h2>En este contexto, la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos dictó la conciliación obligatoria en el conflicto colectivo de trabajo que involucra a Urcel Argentina S.A. y al SUPA Puerto Concepción del Uruguay, en el marco de la Ley Nacional N° 14.786.La medida, adoptada para preservar la paz social, garantizar la continuidad de una actividad estratégica para la economía regional y promover instancias de diálogo, regirá por 15 días hábiles a partir del lunes 26 de enero de 2026.Durante ese período, el sindicato deberá dejar sin efecto toda medida de acción directa, asegurando la normal prestación de tareas, mientras que la empresa deberá abstenerse de aplicar represalias contra el personal involucrado.Asimismo, la Secretaría convocó a una audiencia de conciliación para el martes 10 de febrero de 2026, a las 11, en la sede del organismo en la ciudad de Paraná, a la que ambas partes deberán concurrir con representantes con poder de decisión.

Conflicto portuario en Concepción del Uruguay: la FEPA declaró el estado de alerta y la Provincia dictó la conciliación obligatoria

Conflicto portuario en Concepción del Uruguay: FEPA declaró estado de alerta y Provincia dictó conciliación obligatoria

Desde el área de Defensa Civil de la provincia informaron que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta naranja por altas temperaturas para el comienzo de la semana en los departamentos La Paz, Paraná, Villaguay, Diamante, Nogoyá, Victoria y Gualeguay. En tanto, el resto del territorio provincial permanece bajo alerta amarilla.Según se indicó, este tipo de alerta implica un riesgo moderado a alto para la salud, especialmente para los grupos más vulnerables, como niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas. Las altas temperaturas pueden generar golpes de calor, deshidratación y otras complicaciones si no se toman las medidas preventivas adecuadas.Desde Defensa Civil remarcaron que las recomendaciones vigentes son las establecidas por el Ministerio de Salud, y subrayaron la importancia de extremar los cuidados durante los días con temperaturas elevadas. El nivel de alerta naranja advierte que el calor puede resultar peligroso, en particular para:<ul><li>Niños y niñas</li><li>Personas mayores</li><li>Personas con enfermedades crónicas</li><li>Personas expuestas al sol o que realizan actividades físicas intensas</li></ul><h2>Recomendaciones importantes ante el alerta por calor</h2><ul><li>Mantenerse bien hidratado durante todo el día, aun sin sensación de sed.</li><li>Evitar la exposición directa al sol entre las 11 y las 17 horas.</li><li>Usar ropa liviana, de colores claros, y protegerse con gorra o sombrero.</li><li>Permanecer en lugares frescos, ventilados o con sombra.</li><li>No dejar personas ni mascotas dentro de vehículos estacionados.</li><li>Extremar las medidas de prevención para evitar incendios forestales o de pastizales.</li></ul>

Alerta naranja por altas temperaturas para el inicio de la semana en varios departamentos de la provincia

Los trabajadores del Puerto de Concepción del Uruguay anunciaron un paro de operatividad que comenzará este domingo, en rechazo a la negativa de las empresas a reconocer al Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) como la única organización gremial con representación legal en el sector. La medida abre un nuevo foco de conflicto laboral en la provincia de Entre Ríos, en un contexto de creciente tensión sindical.Según informaron desde el gremio, la empresa Urcel Argentina SA se negó a reconocer al SUPA, pese a que cuenta con autoridades electas democráticamente, comisión directiva integrada por trabajadores del propio puerto y certificado de autoridades vigente. Desde el sindicato consideran que esta postura empresarial carece de justificación legal y vulnera derechos básicos de representación sindical.A la par del reclamo, los estibadores denunciaron que la firma marginó a trabajadores locales al incorporar personal proveniente de Zárate, presuntamente sin experiencia en la actividad, con el objetivo de precarizar las condiciones laborales y quebrar el convenio colectivo vigente en el puerto uruguayense.El conflicto se produce en un escenario provincial sensible, luego de que en las últimas horas se destrabara el conflicto en los frigoríficos avícolas mediante un acuerdo que, según los gremios, implicó una baja en las condiciones salariales de los trabajadores. En contraste, la operatoria portuaria no comenzará este domingo debido a la negativa empresarial de aceptar la representación gremial que corresponde por derecho.<h2>El respaldo de la FEPA</h2>Desde la Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA) expresaron un fuerte respaldo al paro. Su secretario general, Marcelo Osores, denunció un trasfondo de precarización y connivencia empresarial. “El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, está denunciando la gran corrupción que tuvo la provincia durante muchos años. Es hora de que también mire la explotación de los trabajadores entrerrianos”, sostuvo.Osores afirmó que “lo que pasa en los puertos es producto de la corrupción empresarial, en connivencia con funcionarios que él mismo denunció como corruptos”, y agregó que la negativa a reconocer al sindicato no es un hecho aislado, sino parte de un modelo sostenido de ajuste y pérdida de derechos laborales.“Si fueron corruptos para las obras, para todo, ¿por qué no van a ser corruptos recibiendo sobornos de empresas para que sus ganancias ignoren el bolsillo de la gente y puedan seguir explotando a los trabajadores?”, cuestionó el dirigente gremial, remarcando que el SUPA Concepción del Uruguay es el único sindicato con representación legal en el puerto.<h2>Reclamo al Gobierno provincial</h2>El SUPA Concepción del Uruguay, conducido por su secretario general Martín Soto, cuenta con inscripción gremial otorgada por la Resolución N° 812, bajo el Registro N° 2166, Legajo 7572, con carácter de entidad gremial de primer grado, lo que le otorga plena legitimidad para representar a los estibadores del puerto.El conflicto interpela de manera directa al Gobierno de Entre Ríos, al que los trabajadores le exigen que garantice el respeto a la legalidad y a la organización sindical. Desde el sector advierten que situaciones similares se replican en otras actividades estratégicas de la provincia.“No estamos hablando solamente de los portuarios. Lo que está pasando en la producción más grande que tiene Entre Ríos, como los frigoríficos de pollo, demuestra un mismo patrón de ajuste y pérdida de derechos”, concluyó Osores.Desde la FEPA ratificaron que acompañarán la medida de fuerza hasta que se respete la voluntad de los estibadores y se reconozca formalmente al sindicato como representante legítimo de los trabajadores del Puerto de Concepción del Uruguay.

Anunciaron un paro en el Puerto de Concepción del Uruguay por un conflicto gremial

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, mantuvo un encuentro de trabajo con el exgobernador Mario Moine, en el que intercambiaron miradas sobre la situación actual del país y de la provincia, el funcionamiento del Estado y los principales desafíos de desarrollo de cara a los próximos años.Durante la reunión se abordaron diversos ejes vinculados al empleo, la necesidad de modernizar las estructuras productivas y la importancia de contar con políticas públicas acordes a los cambios económicos y sociales que se están produciendo tanto a nivel nacional como internacional.Tras el encuentro, Moine destacó la necesidad de avanzar en reformas que permitan ampliar el empleo formal y reducir la informalidad laboral. En ese sentido, señaló: “Coincido con la necesidad de una reforma laboral que ayude a generar más trabajo registrado y a ampliar la demanda laboral, sin afectar derechos esenciales”.El exmandatario entrerriano también remarcó la importancia de encarar estos debates con una mirada de mediano y largo plazo, y sostuvo que “durante muchos años se aplicaron esquemas que no lograron resolver los problemas de fondo. Hoy es necesario animarse a discutir nuevas herramientas, con responsabilidad y consenso”.Otro de los puntos centrales del diálogo fue el turismo, al que ambos coincidieron en señalar como un eje estratégico para el desarrollo de Entre Ríos. Moine subrayó que se trata de una actividad clave para el crecimiento del sector servicios y la generación de empleo, y remarcó la necesidad de avanzar en una planificación sostenida, con la participación del sector público, el sector privado y los gobiernos locales.Finalmente, Moine valoró el intercambio con Frigerio y destacó la importancia de generar ámbitos de diálogo que permitan pensar políticas de Estado orientadas al desarrollo y al futuro de la provincia, más allá de coyunturas políticas.

Frigerio se reunió con el exgobernador Mario Moine para analizar la situación del país y los desafíos de Entre Ríos

El presidente del Partido Justicialista de Entre Ríos, José Cáceres, volvió a pronunciarse sobre el hallazgo de presuntos dispositivos de espionaje en despachos oficiales de la Casa Gris y calificó el hecho como una “fallida denuncia” por parte del Gobierno provincial.La causa se originó tras la denuncia realizada por la gestión provincial luego de encontrar elementos que habrían sido utilizados para tareas de espionaje en oficinas de funcionarios de primera línea, entre ellos el gobernador Rogelio Frigerio y el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello. La investigación quedó a cargo del fiscal Santiago Alfieri.<section class="noteSuggested" data-id="2536" data-title="Puede interesarte"></section>En un primer momento, y en sintonía con gran parte del arco político, Cáceres había expresado su “más enérgico repudio al espionaje contra las autoridades democráticas de nuestra provincia” y consideró “inadmisible que la vida pública sea atravesada por hechos como los denunciados”.Sin embargo, a menos de 24 horas de que el caso tomara estado público, el titular del PJ entrerriano volvió a manifestarse a través de su cuenta en la red social X, a partir de informaciones periodísticas que indicarían que los elementos hallados no estarían en condiciones de cumplir funciones de grabación o espionaje.En ese marco, Cáceres sostuvo que “ante los hechos de público conocimiento sobre la fallida denuncia de espionaje que realizó el gobernador Frigerio y Mauricio Colello, es imprescindible una comunicación desde el Gobierno, tal como se hizo con la denuncia, que aclare la situación y lleve tranquilidad a la población”.El dirigente peronista también ironizó sobre los controles anunciados al inicio de la actual gestión provincial. “Sobre todo si tenemos en cuenta que al inicio de la gestión anunciaron que estaban revisando las oficinas con perros entrenados, detectores de metal, registrando paredes, alfombras, etc., y luego aparecieron con la denuncia orientando las declaraciones hacia la gestión del peronismo”, señaló.Finalmente, Cáceres cuestionó la amplia difusión que tuvo el caso tanto a nivel provincial como nacional y afirmó que el Gobierno debería ofrecer disculpas. “Principalmente, el Gobierno debe pedirle disculpas a los entrerrianos. Todos tomamos con la seriedad que merece una denuncia de tal gravedad. Eso debe hacerse exhibiendo toda la documentación oficial; de lo contrario, habrá sido una estafa a la credibilidad de las instituciones”, concluyó.

Cáceres calificó de “fallida denuncia” el caso de presunto espionaje en la Casa Gris

El anuncio realizado por el Gobierno de Entre Ríos sobre el hallazgo de cámaras ocultas en despachos oficiales de la Casa Gris —entre ellos los del gobernador Rogelio Frigerio y del secretario general de la Gobernación Mauricio Colello— generó una fuerte repercusión provincial y nacional, al interpretarse inicialmente como una presunta maniobra de espionaje reciente.Sin embargo, allegados al ex secretario general de la Gobernación durante la gestión de Gustavo Bordet, el ex senador nacional Edgardo Kueider, reconocieron al medio Análisis que la colocación de esos dispositivos fue dispuesta por el propio Kueider a comienzos de 2018 y que el sistema fue desactivado en febrero de 2019.Según explicaron, la decisión de instalar las cámaras respondió a la intención de “tener un control” de movimientos extraños que se habrían detectado en las oficinas cuando sus ocupantes no estaban presentes. La instalación alcanzó tanto al despacho del entonces secretario general como al del gobernador Bordet. De hecho, una de esas cámaras fue hallada en la oficina que hoy ocupa Frigerio, lo que provocó indignación y rechazo en el oficialismo y en distintos sectores políticos al interpretarse, en un primer momento, como una práctica de espionaje actual.<section class="noteSuggested" data-id="2530" data-title="Puede interesarte"></section>De acuerdo a las fuentes consultadas, fue el propio Bordet quien solicitó a Kueider la instalación de una cámara en su despacho. “Estaba cansado de encontrar los papeles acomodados de una manera al mediodía y de otra distinta por la tarde”, señalaron.El sistema estaba compuesto por cámaras analógicas básicas, disimuladas dentro de sensores de movimiento, conectadas por cableado a un DVR ubicado en una oficina contigua a la Secretaría General. “No tenían conexión a internet. Funcionaban con un disco rígido que en su momento se llevó el propio Kueider”, precisaron. Además, remarcaron un dato central: “Después que lo hackearon a Kueider, se desconectó todo. Eso quedó ahí, desconectado para siempre”.El sistema dejó de operar en febrero de 2019. Desde entonces, aunque los dispositivos permanecieron físicamente instalados, los cables quedaron sueltos y el DVR fue retirado. “No hay imágenes, no tienen corriente, no funcionan”, aseguraron.<section class="noteSuggested" data-id="2529" data-title="Puede interesarte"></section>En total, había una cámara en la antesala, otra en la oficina del secretario general, una en el pasillo entre ambos despachos y otra en el despacho del gobernador. Todas reportaban al DVR ubicado en el sector donde también se guardaba la caja fuerte de gastos reservados. Parte de esas imágenes se hicieron públicas el año pasado, cuando se investigaba a Kueider por causas judiciales en Paraguay —donde actualmente cumple prisión domiciliaria en la ciudad de Luque por una causa de presunto contrabando de dólares— y por su presunta vinculación con la causa Securitas y la empresa ENERSA, investigación dispuesta por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. Kueider siempre negó vínculos con ENERSA y con el empresario Claudio Tórtul.Otro aspecto que generó sorpresa fue que los dispositivos, descriptos como “aparatitos de unos 10 centímetros”, permanecieran a la vista durante años sin ser detectados. “Estaban visibles. Bastaba con levantar la cabeza y observar”, señalaron las fuentes, y recordaron que al asumir Bordet en 2015 se había realizado un operativo similar en Casa de Gobierno, cuando se hallaron micrófonos en la oficina del entonces ministro de Gobierno Mauro Urribarri, supuestamente ordenados durante la gestión de Sergio Urribarri.<section class="noteSuggested" data-id="2528" data-title="Puede interesarte"></section><h2>El antecedente del hackeo</h2>En enero de 2019, Kueider recibió un correo electrónico anónimo con un video adjunto que mostraba imágenes grabadas en su propio despacho oficial. El mismo material fue enviado simultáneamente a Sergio Urribarri, por entonces presidente de la Cámara de Diputados provincial. El video evidenciaba movimientos de dinero de fondos reservados y reuniones con colaboradores, lo que generó una fuerte preocupación en el funcionario.El hecho fue interpretado como una maniobra de extorsión vinculada a la reelección de autoridades legislativas de ese año. Kueider denunció el hackeo ante la Justicia y se comunicó con el entonces fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes, aunque la causa nunca avanzó y terminó archivada. Entre los motivos, se señaló que el exfuncionario presentó un video editado y no el original.Este contexto histórico es el que, según las fuentes consultadas, explica la presencia de los dispositivos hallados recientemente en la Casa Gris y pone en duda la hipótesis de un espionaje activo durante la actual gestión provincial, cuestión que sigue bajo análisis judicial.

Revelan que las cámaras halladas en la Casa Gris fueron instaladas en 2018 y estaban fuera de funcionamiento

El Gobierno de Entre Ríos intervino en el conflicto registrado en la planta Granja Tres Arroyos, ubicada en la ciudad de Concepción del Uruguay, y posibilitó la apertura de un canal de diálogo entre la empresa y los trabajadores, lo que derivó en el levantamiento de la medida de fuerza y la normalización de la actividad productiva.La planta “La China” emplea a alrededor de 900 trabajadores distribuidos en tres turnos, por lo que la situación había generado una fuerte preocupación social y productiva en la región. El conflicto se originó a partir de la falta de pago de haberes y del Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente al año 2025, lo que motivó una protesta por parte del personal.Ante este escenario, y por indicación del gobernador Rogelio Frigerio, funcionarios provinciales se trasladaron este jueves a Concepción del Uruguay para mediar entre las partes y encauzar el conflicto a través del diálogo.Durante el encuentro, la empresa reconoció atravesar una compleja situación económica, asumió el pago de una suma fija y se comprometió a presentar, en la próxima audiencia ante la Secretaría de Trabajo, un plan de pagos que otorgue “previsibilidad y certidumbre” a los trabajadores. Tras conocer esta propuesta, los empleados resolvieron en asamblea levantar la medida de fuerza, permitiendo así la reanudación de la actividad en la planta.El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, destacó la intervención del Ejecutivo provincial y sostuvo que “este es un gobierno que le pone el cuerpo a los conflictos y busca soluciones”. En ese sentido, explicó que se convocó a las partes y se facilitó una mesa de conciliación voluntaria de la que participaron los secretarios de Trabajo y de Gobiernos Locales, representantes sindicales y autoridades de la empresa.“Intervenimos como garante del diálogo, el trabajo y la producción, reafirmando el rol activo de la Provincia para encauzar los conflictos laborales y preservar la paz social. Reconocemos el gesto de ambas partes, especialmente el sacrificio de los trabajadores al decidir retomar la producción”, subrayó Troncoso.Finalmente, se informó que las partes volverán a reunirse el próximo miércoles 28 de enero en la Secretaría de Trabajo, donde la empresa deberá presentar formalmente el plan de pagos comprometido.

Granja Tres Arroyos: la Provincia intervino, se abrió el diálogo y se levantó la medida de fuerza

Un informe privado analizó el costo de una canasta de alimentos y bebidas en todo el país y expuso marcadas diferencias entre distritos, con una brecha superior a los $100.000 entre las provincias más caras y las más económicas. En Entre Ríos, una familia tipo necesitó en diciembre $804.730 para llenar el changuito del supermercado, lo que representó un aumento del 2,6% respecto del mes anterior.El relevamiento fue elaborado por la consultora Analytica, a través de su estudio denominado El Changuito Federal, que calcula cuánto cuesta abastecerse en cada provincia a partir de una selección de productos representativos del consumo mensual de una familia integrada por dos adultos y dos menores. Para asegurar la comparabilidad entre jurisdicciones, el trabajo incluyó productos idénticos en marca y presentación en todos los casos.Según el informe, en diciembre las familias argentinas necesitaron cerca de $900.000 para realizar una compra mensual completa, aunque el monto varió significativamente según el lugar de residencia. Los aumentos mensuales por distrito oscilaron entre un máximo del 3,9% y un mínimo del 1,3%.<h2>Las provincias más caras y las más baratas</h2>Las jurisdicciones con los changuitos más costosos se concentraron en la región patagónica. Santa Cruz encabezó el ranking como la provincia más cara, con un costo total de $890.350. Le siguieron Chubut ($876.576), Tierra del Fuego ($860.986), Río Negro ($863.809) y Neuquén ($840.602).En el extremo opuesto, las compras más económicas se registraron en Formosa ($783.302), el conurbano bonaerense ($795.370) y Ciudad Autónoma de Buenos Aires ($796.000). De esta manera, la brecha entre Santa Cruz y Formosa superó los $100.000.<h2>Variaciones mensuales y poder adquisitivo</h2>Al comparar los valores con el informe de noviembre, Analytica destacó que los mayores aumentos absolutos se dieron en Misiones ($46.037), San Juan ($40.688) y Santa Cruz ($39.218). En contraste, los incrementos más bajos se registraron en Catamarca ($20.294), Córdoba ($18.318) y Formosa ($4.323).El estudio señaló que la dispersión de precios está vinculada al costo de vida entre regiones. La Patagonia, pese a tener los changuitos más caros, también presenta los salarios promedio más elevados del país. De hecho, Santa Cruz posee el segundo salario privado registrado más alto, detrás de Neuquén. Según los analistas, en esa región el costo de la canasta representa en promedio el 15,6% de la suma de dos salarios privados registrados.En cambio, en el Noreste Argentino (NEA), donde los precios son más bajos, los salarios también se ubican por debajo del promedio nacional. Allí, el costo del changuito equivale al 29,1% de dos salarios promedio del sector privado, un resultado alineado con datos históricos que muestran que los hogares del norte destinan una mayor proporción de sus ingresos a alimentos y bebidas.<h2>Dónde subió más el changuito y qué productos aumentaron</h2>En términos porcentuales, San Juan lideró las subas de diciembre con un incremento del 3,9%, seguida por Salta (3,7%) y el interior de la provincia de Buenos Aires (3,5%). Ocho de las 24 jurisdicciones registraron aumentos superiores al IPC general del período, que fue del 2,8%. Entre ellas se ubicaron Corrientes, San Luis, Catamarca, Jujuy y La Rioja.Por el contrario, las menores subas se observaron en Formosa (1,3%), Neuquén (2,1%) y Chaco (2,2%).En cuanto a los productos, la carne volvió a ser uno de los rubros con mayores incrementos. El asado aumentó entre un 10% y un 15% en casi todo el país, mientras que la carne picada registró subas de entre el 4% y el 8%, aunque en Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego los aumentos rondaron el 16%. Las galletitas de agua subieron entre un 3% y un 6%, con un alza mayor en Santa Cruz (8%). En contraste, los huevos mantuvieron precios estables en la mayoría de las provincias y registraron bajas en CABA, el conurbano bonaerense y Entre Ríos.

Un estudio privado reveló fuertes diferencias en el costo del “changuito” entre provincias

El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, se refirió al hallazgo de dispositivos de audio y video ocultos en dependencias oficiales de la Casa de Gobierno, entre ellas el despacho del gobernador Rogelio Frigerio y la Secretaría General de la Gobernación, y aseguró que no se descarta “ninguna hipótesis” en el marco de la investigación en curso.En declaraciones a Radio Plaza, el funcionario relató cómo tomó conocimiento del hecho. “Estaba listo para ir a una reunión en el Ministerio de Economía por el tema del crédito internacional cuando recibí la llamada del secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, quien muy preocupado me transmitió esta situación y me preguntó qué le aconsejaba hacer para esclarecer la cuestión desde el punto de vista administrativo”, explicó. En ese sentido, indicó que lo primero fue recomendar la apertura de una información sumaria.<section class="noteSuggested" data-id="2528" data-title="Puede interesarte"></section>Rodríguez Signes detalló que la Fiscalía de Estado cumple dos funciones principales: la defensa en juicio y el control de legalidad de los actos administrativos. En este caso, la investigación administrativa se sustanciará a través de la Dirección Provincial de Sumarios, conforme al decreto 70. “Se designa un instructor sumariante y comienza la información sumaria, que no se dirige contra un responsable concreto, sino que busca configurar la irregularidad, establecer en qué consiste y quiénes podrían ser los responsables”, precisó.El fiscal de Estado subrayó que esta investigación administrativa puede coincidir o no con la investigación penal que lleva adelante el fiscal Santiago Alfieri. “La investigación penal apunta al autor de un delito y su sanción. La administrativa apunta a la irregularidad en el funcionamiento de la administración, que puede ser por acción u omisión”, explicó.<section class="noteSuggested" data-id="2529" data-title="Puede interesarte"></section>Al recordar antecedentes, Rodríguez Signes mencionó que este tipo de situaciones ya se han dado en otras oportunidades. Rememoró el hallazgo de granadas en la Casa de Gobierno durante los años ‘80 y también el caso del ex senador y ex secretario general de la Gobernación, Edgardo Kueider, aunque aclaró que en aquella oportunidad no se investigó la colocación de cámaras, sino el manejo de fondos reservados.“Esto es otra cosa y es una situación muy grave porque estamos hablando del despacho del gobernador de la provincia y del secretario general de la Gobernación”, remarcó.Respecto a la posibilidad de que los dispositivos hayan sido colocados de manera clandestina, Rodríguez Signes fue categórico: “Intervenir en el cableado de teléfonos, dispositivos de internet o cámaras dentro de la Casa de Gobierno está a cargo de personal de la administración pública. No puede venir cualquiera y meterse a una oficina a colocar cámaras. Eso es inconcebible”. Por ello, consideró clave la información sumaria para determinar si la instalación fue realizada por organismos públicos o de forma absolutamente ilegal.Sobre una posible vinculación con el caso Kueider, admitió que podría tratarse de dispositivos colocados en aquella época y que no fueron retirados, aunque aclaró que se trata solo de una hipótesis. Señaló además que, según la información disponible, las cámaras funcionaban mediante cableado, sin que aún se sepa hasta dónde llegaba la conexión ni si existía un dispositivo de almacenamiento activo.En cuanto a los plazos, indicó que la información sumaria cuenta con tiempos reglamentados, aunque no estrictamente perentorios, ya que primero se debe determinar la existencia y el alcance de la irregularidad y las áreas involucradas.Rodríguez Signes también descartó casi por completo la posibilidad de que una persona ajena a la administración haya ingresado a colocar dispositivos en la oficina del gobernador. “Es una oficina custodiada las 24 horas, con controles permanentes y cámaras en el exterior. Es muy difícil que alguien ajeno ingrese y realice una actividad de este tipo sin una logística compleja”, sostuvo.Finalmente, afirmó que se trabajará en forma conjunta con el fiscal Santiago Alfieri, a quien valoró por su capacidad investigativa. “No se descarta ninguna hipótesis, pero Alfieri es una persona profundamente incisiva en este tipo de investigaciones y vamos a trabajar en conjunto, así que de alguna forma lo vamos a terminar esclareciendo”, concluyó.

Rodríguez Signes no descartó ninguna hipótesis en la investigación por presunto espionaje en la Casa Gris

El fiscal Santiago Alfieri brindó precisiones sobre el hallazgo de dispositivos de espionaje en la Casa de Gobierno de Entre Ríos, en el marco de la investigación por el presunto espionaje al gobernador Rogelio Frigerio. En diálogo con Ahora Litoral, confirmó que las cámaras estaban ocultas dentro de sensores de movimiento y que la instalación presentaba características propias de un trabajo profesional.Según explicó el funcionario judicial, los dispositivos fueron detectados por personal policial durante un barrido preventivo de rutina. “Nos reportaron que habían encontrado, dentro de unos dispositivos de apariencia como sensores, los elementos suficientes para el registro de imágenes y de audio”, indicó.En total, se hallaron tres cámaras ubicadas en sectores estratégicos del edificio: el despacho del Gobernador, el pasillo de acceso al ascensor privado y una oficina posterior que ha tenido distintos usos a lo largo del tiempo y donde actualmente funciona la Secretaría de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello.<section class="noteSuggested" data-id="2528" data-title="Puede interesarte"></section>Alfieri remarcó que el modo de ocultamiento resultó particularmente llamativo. “La apariencia no era de cámara, la apariencia era de sensor”, señaló, explicando que a simple vista simulaban ser detectores de humo o de movimiento, pero en su interior contenían equipamiento audiovisual.Respecto a la infraestructura, el fiscal fue contundente: “No era una instalación precaria”. El cableado se encontraba empotrado en las paredes, lo que evidencia una planificación previa y una ejecución formal. “Hubo una instalación empotrada de cables”, precisó.Una de las principales incógnitas giraba en torno a si los dispositivos se encontraban en funcionamiento al momento del hallazgo. Alfieri aclaró que, si bien estaba todo el tendido de cables, no se localizaron los equipos de grabación. “No había un DVR grabando lo que sucedía en ese espacio al momento del hallazgo, ni un dispositivo de retransmisión remota”, explicó, aunque advirtió que ello no descarta que los equipos hayan sido retirados recientemente o que hayan funcionado en el pasado.En cuanto a la línea investigativa, el fiscal indicó que ahora se busca establecer “quién y cuándo tuvo la ocasión, sea formal o informalmente, de realizar esa instalación”. Para ello, se solicitarán registros a las áreas de informática y seguridad de la Gobernación, con el objetivo de determinar si existió alguna orden de trabajo oficial que justifique el tendido de cables.Asimismo, Alfieri confirmó que se analiza una posible vinculación con una denuncia previa del ex senador y ex secretario general de la Gobernación, Edgardo Kueider. En ese marco, recordó que Kueider había mencionado una situación de presunto chantaje o extorsión vinculada a la instalación de cámaras en esas oficinas. “La cuestión ahora es abordar esa información histórica para establecer si se trata de las mismas o no”, concluyó.La causa continúa en manos de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, que investiga las responsabilidades penales detrás de lo que fue calificado como una grave vulneración a la seguridad institucional de la provincia.

El fiscal Alfieri dio detalles sobre las cámaras ocultas halladas en la Casa Gris

El Gobierno de Entre Ríos presentó una denuncia penal e inició una investigación administrativa interna tras el hallazgo de dispositivos de grabación de audio y video ocultos en dependencias oficiales, entre ellas la oficina del gobernador y la Secretaría General de la Gobernación. El descubrimiento se produjo este miércoles y encendió una fuerte alarma institucional en la Casa Gris.Desde el Ejecutivo provincial calificaron el hecho como de “extrema gravedad”, al considerar que se trata de un delito que atenta contra la institucionalidad, la privacidad, la seguridad y el normal funcionamiento de las autoridades democráticamente electas. Por ese motivo, se dispuso de manera inmediata la intervención de la Justicia para determinar quiénes colocaron los dispositivos, desde cuándo estaban instalados y con qué finalidad.En paralelo, el gobierno ordenó una investigación administrativa interna para establecer posibles responsabilidades y eventuales complicidades dentro de la estructura estatal.<h2>La palabra del gobernador</h2>Al referirse al episodio, el gobernador fue contundente: “Durante muchos años, en Entre Ríos se naturalizaron prácticas oscuras, de control y espionaje. Ese tiempo se terminó”.En esa línea, sostuvo que la provincia atraviesa una etapa de transformación institucional profunda. “Hace más de un año que la provincia decidió cambiar de rumbo: terminar con las mafias, con los sótanos del poder y con los mecanismos ilegales que operaban en las sombras. No vamos a mirar para otro lado. No vamos a encubrir. No vamos a relativizar”, afirmó.El mandatario remarcó que la investigación llegará “hasta el fondo” para esclarecer los hechos: “Queremos saber quiénes colocaron esos dispositivos, desde cuándo estaban instalados, a quién respondían y qué se hizo con la información obtenida”.<h2>Un mensaje político e institucional</h2>Desde el Ejecutivo subrayaron que el episodio no solo representa una violación a la intimidad de los funcionarios, sino también un ataque directo al sistema democrático y a la transparencia en el ejercicio del poder público.“La transparencia, la legalidad, la libertad y el respeto por las instituciones no se negocian. Después de 20 años de prácticas mafiosas enquistadas en el Estado, Entre Ríos está en un proceso de saneamiento profundo. Y ese proceso no se va a detener”, concluyó el gobernador.

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