La medida fue formalizada a través del Decreto 787/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, y representa un cambio estructural en el esquema de supervisión de precios que regía para matrículas y cuotas escolares. Desde ahora, las instituciones privadas podrán fijar libremente los valores de sus servicios educativos, sin necesidad de solicitar autorización previa ni de comunicar los montos al Estado nacional.<h2>El fin de una era de controles</h2>Según los fundamentos oficiales, el decreto derogado “imponía limitaciones y requerimientos que dificultaban la adaptación de los institutos de enseñanza privada a las realidades educativas y económicas del país”.El texto argumenta que el sistema vigente hasta ahora respondía a una etapa histórica en la que la educación estaba bajo administración nacional, y que con el traspaso de competencias a las provincias resultaba necesario revisar el marco normativo. El objetivo, sostiene el Gobierno, es promover “un entorno más propicio” para la gestión de los establecimientos privados y favorecer “la libertad de organización y contratación”.El nuevo decreto también advierte que la intervención estatal en la fijación de aranceles “ha generado efectos contraproducentes que afectan el funcionamiento y la viabilidad económica” del sector. En particular, menciona que la obligación de informar y obtener autorización previa para modificar las cuotas “limita la capacidad de adaptación de los colegios frente a las fluctuaciones del mercado”.De acuerdo con esa lógica, la imposibilidad de ajustar las tarifas con agilidad habría llevado a muchas instituciones a fijar precios iniciales más altos al comenzar el ciclo lectivo, como forma de previsión ante eventuales aumentos no autorizados, encareciendo innecesariamente el costo para las familias.<h2>Libertad para fijar precios y salarios</h2>En la misma línea, el Gobierno subrayó que los colegios privados “deberían tener la libertad de fijar sus condiciones de contratación y los salarios de sus empleados sin requerir autorización estatal”, en defensa del derecho de propiedad y de la libre iniciativa privada.Desde el punto de vista oficial, la rigidez de los controles podría incluso “afectar la calidad educativa”, al impedir que las instituciones reaccionen con rapidez ante los incrementos en los costos de mantenimiento, insumos o remuneraciones docentes.<h2>Impacto en las provincias</h2>En el plano provincial, el Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos informó que el Decreto Nacional Nº 787/2025 alcanza a 19 entidades educativas no subvencionadas por el Estado, que se sostienen íntegramente mediante los aranceles abonados por las familias.A partir de esta medida, dichas instituciones ya no deberán solicitar autorización al Estado nacional para modificar o actualizar sus cuotas y matrículas. El CGE explicó que la disposición busca “actualizar el marco normativo de acuerdo con la organización federal del sistema educativo”, otorgando mayor autonomía a las jurisdicciones provinciales en la definición de sus propios criterios de regulación y supervisión.Por su parte, la Dirección de Educación de Gestión Privada del CGE se encuentra analizando los alcances operativos y jurídicos del nuevo decreto en coordinación con la Dirección Nacional de Educación Pública de Gestión Privada, con el propósito de garantizar claridad normativa, seguridad jurídica y previsibilidad institucional en el funcionamiento del sistema educativo provincial.<h2>Sin cambios para las escuelas subvencionadas</h2>El organismo aclaró además que las escuelas con aportes estatales —es decir, aquellas que reciben subvención del Estado provincial— no están alcanzadas por el nuevo régimen.Estas instituciones continuarán regidas por la Resolución Nº 1.332/25 del CGE, que fija los aranceles vigentes para el presente año, manteniendo sin modificaciones su régimen de funcionamiento ni los procedimientos administrativos y económicos establecidos.

El Gobierno elimina el control estatal sobre los aranceles de los colegios privados tras más de tres décadas de regulación

El Gobierno elimina el control estatal sobre los aranceles de los colegios privados

Por iniciativa del diputado nacional Atilio Benedetti y con el acompañamiento de todos los legisladores nacionales por Entre Ríos, la Cámara de Diputados de la Nación entregará la Mención de Honor Diputado Nacional “Dr. Juan Bautista Alberdi” al poeta, músico, periodista, historiador y gestor cultural Roberto Alonso Romani, en reconocimiento a su trayectoria y su aporte a la cultura popular argentina.El acto de entrega se realizará el martes 18 de noviembre a las 17 horas, en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso de la Nación, y contará con una actuación en vivo del propio Romani, quien ofrecerá un recorrido musical y poético por su vasta obra. La ceremonia será con inscripción previa y cupos limitados.<blockquote>“Esta distinción busca reconocer en Roberto Romani no sólo a un creador prolífico, sino a un hombre que dedicó su vida a honrar a Entre Ríos y a la Argentina profunda, difundiendo sus valores, su historia y su belleza”, subrayó Benedetti al anunciar la iniciativa.</blockquote>Romani, nacido en 1957 en Larroque, es considerado una de las voces más representativas del país interior. Licenciado en Ciencias de la Comunicación Social por la Universidad Nacional de La Plata, inició su camino en los medios difundiendo la música y la poesía popular, para luego consolidarse en radios y publicaciones entrerrianas como LT 38 Radio Gualeguay y el Diario Noticias de Gualeguaychú.Autor de más de 400 obras musicales, 30 libros, 16 grabaciones con poemas y melodías del litoral y cinco producciones audiovisuales, Romani ha sido también conductor de festivales y celebraciones populares en toda la provincia, llevando la identidad entrerriana a los principales escenarios del país.Entre sus obras más reconocidas se destacan Bajo el cielo de Entre Ríos, República de los Trinos, Semblanza Provinciana y su obra poética Suaves Cuchillas, seleccionadas por el Ministerio de Educación de la Nación para su distribución en escuelas de todo el país.A lo largo de su trayectoria, recibió numerosos reconocimientos: Premio Nacional de Poesía del Ateneo Cultural del Nuevo Mundo, Premio Santa Clara de Asís, Faja Nacional de Honor de la Asociación de Escritores Argentinos, Mención de Honor Senador Domingo Faustino Sarmiento del Senado de la Nación, además de haber sido declarado Ciudadano Ilustre por la Cámara de Senadores de Entre Ríos y Prócer de la Cultura por el Museo del Cabildo de Buenos Aires y el Instituto de Arte Folclórico.Como funcionario público, se desempeñó como director de la Editorial de Entre Ríos y secretario de Cultura de la provincia, impulsando políticas para la preservación, edición y difusión de autores entrerrianos y fortaleciendo las fiestas populares como espacios de encuentro e identidad.Desde los escenarios folclóricos hasta ámbitos emblemáticos como el Teatro Colón y el propio Congreso de la Nación, Roberto Romani ha llevado su palabra y su canto como emblema del litoral argentino, tendiendo puentes entre la tradición y las nuevas generaciones.

La Cámara de Diputados reconocerá a Roberto Romani con su máxima distinción, por iniciativa del entrerriano Atilio Benedetti

La Cámara de Diputados reconocerá a Roberto Romani con su máxima distinción, por iniciativa del entrerriano Benedetti

El Gobierno nacional avanza con paso firme en su ambiciosa agenda de privatizaciones, buscando capitalizar el impulso político y económico de los últimos meses para concretar el traspaso de activos estratégicos en los sectores de transporte y energía a manos privadas.Con la mira puesta en las próximas semanas, la administración de Javier Milei tiene previsto dar los primeros pasos concretos del proceso durante noviembre, con la licitación de rutas nacionales y de cuatro represas hidroeléctricas, al tiempo que se definen los detalles del listado de empresas que podrían ser privatizadas en una segunda etapa de gestión.Según trascendió en despachos oficiales, ese listado —que incluirá compañías de participación estatal total o parcial— se enviará al nuevo Congreso en los próximos meses. Mientras tanto, el Ejecutivo busca enviar una señal clara de que el proceso “no se detendrá”, marcando el inicio de un repliegue sostenido del Estado en la economía.<h2>Primeras licitaciones en marcha</h2>En el Ministerio de Economía y la Agencia de Transformación de las Empresas Públicas ultiman los detalles para adjudicar la denominada “ruta del Mercosur”, la primera en ser concesionada bajo la gestión Milei. Según informaron fuentes oficiales, siete empresas presentaron ofertas, y la preadjudicación se conocerá en las próximas dos semanas.“El sector privado invertirá, hará obras y administrará con más eficiencia mejores rutas”, señaló el ministro de Economía, Luis Caputo, al confirmarse el interés de las firmas oferentes.Por otro lado, el próximo viernes 7 de noviembre se abrirán las ofertas para la reprivatización de cuatro represas hidroeléctricas —Alicurá, El Chocón-Arroyito, Piedra del Águila y Cerros Colorados—, por las que el Gobierno espera recaudar entre 500 y 700 millones de dólares.Los actuales operadores —AES Argentina, Enel, Central Puerto y Orazul— manifestaron su intención de participar, tanto para conservar la administración de sus respectivas centrales como para competir por nuevas concesiones.<h2>Lo que viene: rutas, energía y servicios públicos</h2>Durante 2025, el Gobierno planea lanzar una segunda etapa de licitaciones para las rutas nacionales que actualmente administra Corredores Viales, que abarcan unos 4.400 kilómetros e incluyen tramos estratégicos como la autopista Riccheri, Ezeiza-Cañuelas, Newbery, y las rutas nacionales 3, 5 y 7, además de los accesos a los puertos del Paraná. Una tercera etapa, que contempla la ruta 9, se licitaría a comienzos de 2026.En materia energética, el proceso de venta por unidades de Enarsa se iniciará con las represas del Comahue, mientras que el Ejecutivo trabaja en la documentación para ofertar antes de febrero las acciones estatales de Transener, principal transportista de energía eléctrica del país.También se avanza en la valuación de AYSA, empresa de agua y saneamiento del AMBA, como paso previo a la venta de la mayoría accionaria en la Bolsa. En tanto, el llamado a licitación de Belgrano Cargas se prevé entre fines de noviembre y comienzos de diciembre.Hacia fin de año, el Gobierno proyecta además licitar la Hidrovía Paraná-Paraguay, clave para las exportaciones agroindustriales, y acelerar la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina, posiblemente entre diciembre y los primeros meses de 2026.<h2>Próximo capítulo: nuevas empresas en carpeta</h2>Si bien la efectiva transferencia de la mayoría de las firmas autorizadas por la Ley Bases quedaría para el primer tramo de 2026, el Ejecutivo ya delineó los pasos para continuar con su política de “retiro del Estado de la economía”, uno de los pilares del programa libertario.En ese contexto, figuran en carpeta Arsat, Correo Argentino y Aerolíneas Argentinas, entre otras compañías que podrían incorporarse a una segunda ola de privatizaciones.

El Gobierno acelera su agenda de privatizaciones y prepara nuevas licitaciones en transporte y energía

Entre Ríos vivió una jornada electoral marcada por la tranquilidad, la participación y un cambio histórico: la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) en elecciones nacionales. El nuevo instrumento, que reemplazó a las tradicionales boletas partidarias, fue utilizado por primera vez en toda la provincia y significó un paso importante hacia un sistema electoral más moderno, equitativo y transparente.Desde temprano, las escuelas de Paraná, Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay abrieron sus puertas con una expectativa distinta: los votantes se enfrentaban a una boleta única que concentraba todas las opciones partidarias y categorías en una sola hoja.Pese a las quejas de ciertos candidatos peronistas por la elección del sistema de Boleta única de papel, que evidentemente no les convenían.&nbsp; El esquema —que ya se había probado en provincias como Córdoba y Santa Fe— obligó a rediseñar el acto electoral desde la capacitación de las autoridades de mesa hasta el conteo final de los votos.<blockquote>“Fue más ordenado, no hubo faltantes de boletas ni confusiones en los cuartos oscuros”, resumió Mariana Ríos, presidenta de mesa en una escuela de la capital provincial. “La gente tardaba menos de un minuto en marcar su voto y doblar la hoja”, agregó.</blockquote>En Gualeguaychú, los fiscales partidarios coincidieron en que la experiencia redujo tensiones y mejoró la equidad entre fuerzas políticas.<blockquote>“Con la boleta única todos competimos en igualdad de condiciones. Ya no hay ventajas por cantidad de fiscales o disponibilidad de papelería”, opinó un apoderado local de una lista provincial.</blockquote>En el interior rural, especialmente en localidades de Nogoyá y Federal, se registraron demoras al inicio de la jornada por falta de familiaridad con el sistema y escasa capacitación previa. Sin embargo, las dificultades se resolvieron rápidamente y el cierre se realizó sin incidentes.Según datos de la Justicia Electoral, la participación en Entre Ríos superó el 70 % del padrón, cifra que se ubica por encima del promedio nacional. El Tribunal Electoral provincial destacó el compromiso ciudadano y señaló que “la adaptación fue rápida y el balance es altamente positivo”.<h3>Un paso hacia una democracia más transparente</h3>La Boleta Única de Papel fue impulsada por diversos sectores políticos y organizaciones civiles que reclamaban mayor transparencia y menor gasto en impresión. Con este sistema, cada votante recibió una sola boleta oficial con todas las agrupaciones políticas, marca su preferencia con una lapicera y la depositó en la urna. El conteo fue más ágil, se eliminaron los problemas de robo o faltante de boletas, y se redujo el impacto ambiental y económico. A su vez el trabajo de los fiscales no requirió tanto tiempo.&nbsp;Para los especialistas, la experiencia entrerriana servirá de referencia para próximas elecciones nacionales.<blockquote>“El sistema demostró que se puede votar con orden y confianza. Hay una sensación de madurez democrática que trasciende lo partidario”, sostuvo el politólogo Santiago Ayala, docente de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).</blockquote><h3>Desafíos y aprendizajes</h3>Aunque la mayoría de los votantes celebró la claridad del nuevo método, persisten algunos desafíos. El principal es la capacitación ciudadana, especialmente en sectores rurales o con población adulta mayor. También se señalaron mejoras pendientes en la señalización y en el diseño de la boleta, que en algunos casos resultó confusa por la cantidad de listas participantes.No obstante, tanto autoridades como partidos coinciden en que el cambio fue positivo y necesario. El balance general es de satisfacción y orgullo por haber dado un paso institucional importante. Entre Ríos estrenó la <a href="https://www.elpueblovillaguay.com.ar/noticia/elecciones-2025-guia-clara-para-votar-con-el-nuevo-sistema-de-boleta-unica">Boleta Única de Papel</a> con responsabilidad y madurez cívica. En una jornada sin sobresaltos, la provincia confirmó su vocación democrática y su capacidad para adaptarse a nuevas reglas que buscan fortalecer la confianza en el voto. Más que una modificación técnica, la elección de 2025 deja una señal política profunda: la ciudadanía entrerriana está lista para una democracia más moderna, transparente y participativa.

Debutó la boleta única de papel: orden, agilidad y buena recepción entre votantes

Debutó la Boleta Única de Papel: orden, agilidad y buena recepción entre los votantes

Entre Ríos votó en línea con la tendencia nacional y consolidó su peso como distrito clave del litoral. Los resultados muestran un reacomodamiento de fuerzas y abren un nuevo escenario de diálogo entre la provincia y la Nación. Las elecciones legislativas del 26 de octubre dejaron un mensaje político claro en Entre Ríos. La provincia volvió a mostrarse como un termómetro del humor social nacional: el oficialismo libertario logró conservar apoyo en los grandes centros urbanos, mientras que las fuerzas tradicionales retuvieron bastiones en el interior y las cabeceras departamentales.El reparto de las bancas nacionales —cinco en Diputados y tres en el Senado— mostró un equilibrio entre continuidad y renovación. La Libertad Avanza consiguió reforzar su presencia en el Congreso, mientras que la oposición provincial mantuvo representación en los distritos con mayor arraigo territorial.Para el Gobierno nacional, el voto entrerriano implica una advertencia moderada: la adhesión al proyecto presidencial se mantiene en los grandes conglomerados, pero el interior rural y las ciudades intermedias vuelven a inclinar la balanza hacia espacios de raíz federal.Con este resultado, <a href="https://www.elpueblovillaguay.com.ar/noticia/entre-rios-entre-las-mayores-participaciones-del-pais">Entre Ríos vuelve a posicionarse como provincia bisagra</a> dentro del mapa político argentino. Su peso en el Senado y su representación proporcional en Diputados le otorgan un rol estratégico para cualquier negociación parlamentaria en temas fiscales, agroindustriales o energéticos, ejes centrales para la economía regional.El resultado también consolida el liderazgo de las figuras provinciales con proyección nacional y reabre el debate sobre el modelo de desarrollo productivo y el vínculo de la provincia con el gobierno central.La estrategia de Frigerio es quizás de lo más acertado desde el inicio del año en torno a no jugar en la escala nacional, siendo que finalmente llego al resultado esperado y lo posiciona de otra manera entre los gobernadores afines al gobierno nacional. En una elección sin sobresaltos, los entrerrianos confirmaron su vocación de equilibrio: acompañan los cambios, pero exigen diálogo y previsibilidad. En el nuevo Congreso, ese voto intermedio podría ser decisivo.

El voto entrerriano en el nuevo mapa político nacional

Este domingo 26 de octubre de 2025, más de 36 millones de argentinos estaban llamados a votar en los comicios legislativos que renovaron 127 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados de la Nación y **24 de los 72 escaños de la Senado de la Nación Argentina.&nbsp;La jornada estuvo marcada por dos novedades importantes:<ul><li>La participación hasta las 18 h alcanzó alrededor del 66 % del padrón, un dato inferior al registrado en los comicios de 2021 y 2023. </li><li>Fue la primera vez que se utilizó en todo el país la Boleta Única de Papel (BUP) para estas elecciones nacionales, sistema aprobado el año pasado.</li></ul>Expectativas y escenarios: Para el Gobierno nacional liderado por Milei, estos comicios representan una prueba de fuego: el nuevo Congreso definirá cuán factible será llevar adelante su agenda legislativa en la segunda mitad del mandato.&nbsp; Entre las principales fuerzas involucradas se encuentra la coalición oficialista La Libertad Avanza (LLA), la alianza opositora Unión por la Patria (UP), y otros bloques que buscarán ganar terreno en la Cámara baja y el Senado.&nbsp;Desarrollo de la jornada: Los centros de votación abrieron a las 8 h y cerraron a las 18 h, según lo establecido por la ley electoral. Tras el cierre, comenzó el escrutinio provisorio, que espera mostrar los primeros resultados hacia las 21 h. El operativo incluyó miles de mesas y un amplio despliegue logístico, lo que permitió que no se registraran demoras significativas en el proceso de votación.&nbsp;Lo que viene: Aunque los primeros datos podrían adelantarse esta noche, el escrutinio definitivo estará cargo de la Justicia Nacional Electoral y podría demorarse hasta 24 o 48 horas para su conclusión.&nbsp; El resultado determinará no solo el equilibrio entre fuerzas políticas en el Congreso, sino también la capacidad del Ejecutivo para avanzar con reformas clave en el terreno económico, social y de seguridad. Una participación más baja de lo esperado y la implementación de la boleta única de papel marcan un nuevo capítulo para la democracia argentina. Mientras tanto, el país espera los resultados definitivos que podrían marcar un punto de inflexión para el mapa político nacional.

Elecciones, expectativa ante el resultado en el escrutinio

El mercado laboral formal continúa en una senda crítica. Según los últimos datos oficiales de la Secretaría de Trabajo, en julio el empleo asalariado registrado cayó a su nivel más bajo desde que Javier Milei asumió la Presidencia, consolidando una pérdida total de más de 200.000 puestos de trabajo desde noviembre de 2023.La información, elaborada a partir del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cuantifica el desplome: se destruyeron 127.000 empleos asalariados privados, casi 57.900 públicos y 20.600 en casas particulares. La suma arroja un total de 205.500 trabajadores que perdieron su fuente de ingresos formal en este período. De este modo, en el séptimo mes del año se contabilizaron 10.096.200 empleos asalariados, la cifra más baja desde octubre de 2022.<h2 style="margin-left:0px;">Una década perdida y el fantasma del estancamiento</h2>La magnitud de la crisis se aprecia en el largo plazo. Luis Campos, investigador de la CTA Autónoma, graficó la situación: "En julio de 2025 la cantidad de asalariados registrados en el sector privado era menor que en julio de 2015. Decir década perdida es poco a esta altura".En la misma línea, el economista Juan Manuel Telechea aportó una perspectiva demográfica aún más alarmante: "Tenemos exactamente los mismos 6,2 millones de puestos de trabajos en el sector privado registrado que hace 10 años, pero con una población que ahora tiene casi cinco millones de personas más".Si bien la llegada del gobierno libertario aceleró una tendencia negativa que ya se observaba en los últimos meses de la administración anterior, el declive mostró una leve pausa a partir de agosto de 2024. Sin embargo, lejos de una recuperación, los últimos meses confirman un nuevo retroceso: julio marcó la tercera caída consecutiva, con una pérdida de 8.800 puestos en el sector privado.<h2 style="margin-left:0px;">La crisis es transversal: de la industria a las finanzas</h2>La destrucción de empleo se extiende a lo largo y ancho de la economía. El sector más golpeado en la era Milei ha sido la construcción, con una sangría de 60.500 puestos, reflejo del virtual parate en la obra pública. Le sigue la industria manufacturera, que perdió 39.200 empleos y alcanzó en julio su menor nivel desde mayo de 2022, con una caída de 3.300 puestos solo en ese mes. El podio lo completa Transporte, almacenamiento y comunicación, con 15.100 despidos.Pero la debacle no se limita a los sectores tradicionalmente en crisis. Rubros que han tenido una performance favorable con el actual Gobierno, como el minero-petrolero y el financiero, también muestran una contracción en el empleo. El nivel en minería e hidrocarburos es el más bajo desde octubre de 2022, mientras que el sector financiero registra un piso desde abril de 2011.A nivel geográfico, el senador Martín Barrionuevo destacó que el fenómeno es casi nacional: "Salvo Neuquén, Tucumán, Mendoza y Río Negro, todas las jurisdicciones perdieron empleo".<h2 style="margin-left:0px;">Precarización laboral y un horizonte complejo</h2>La caída del empleo asalariado ha sido compensada de manera parcial por un aumento de 127.100 trabajadores autónomos y monotributistas, un dato que los especialistas interpretan, en buena medida, como un reflejo de la creciente precarización del mercado laboral.Las perspectivas para lo que queda del año no son alentadoras. Luis Campos alertó: "Para la segunda mitad del año el escenario pinta muy complicado". Y agregó: "En agosto el índice de evolución del empleo de la Encuesta de Indicadores Laborales cayó un 0,3%. Es el segundo peor agosto de la última década, solo superado por el del 2018". Según el investigador, el modelo actual "no crea empleo y no demanda fuerza de trabajo".El único dato positivo en el sombrío informe del SIPA provino de los salarios del sector privado, que en julio mejoraron por tercer mes consecutivo. No obstante, pese a este repunte, los ingresos de los trabajadores se mantienen un 0,4% por debajo del pico alcanzado en febrero de 2024, evidenciando la frágil recuperación del poder adquisitivo en un contexto de destrucción masiva de puestos de trabajo.

Cae el empleo asalariado: se perdieron más de 200.000 puestos de trabajo desde que asumió Milei

La Junta Electoral del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario (Cocir) ha oficializado tres listas que competirán este mes por la conducción del colegio, reflejando tensiones generacionales y políticas internas. Una de las listas, Visión Profesional (Lista 3), encabezada por Diego Ferreyra, representa a los profesionales más jóvenes y propone una modernización del corretaje con énfasis en la digitalización y la ética profesional. Las otras dos listas son lideradas por Javier Poncet y María Cristina Peracchia, representando a figuras de mayor trayectoria y sectores que buscan la continuidad de la gestión actual, respectivamente.&nbsp;Por primera vez, tres listas compiten por la conducción de la entidad, reflejando una profunda división interna, algo que también se observa en otros colegios del país, como el Colegio Inmobiliario de Entre Ríos (Cier), que también atraviesa una profunda crisis institucional. En Rosario, la competencia entre tres nóminas es interpretada como una manifestación de tensiones subyacentes entre los históricos (profesionales con una larga trayectoria que apelan a su experiencia y capital político acumulado), los oficialistas (un sector que busca dar continuidad a la gestión actual, contando con apoyos significativos) y los renovadores (un grupo de profesionales más jóvenes, con fuerte presencia en el mercado actual, que busca "aggiornar" el estilo de conducción y modernizar la institución).&nbsp;En tanto, en Entre Ríos el oficialismo también se dividió, aunque por motivos vinculados con mantener el poder. Las grietas aparecieron luego de que un centenar de colegiados activos denunciaran al Consejo Directivo y pidieran su inmediata remoción. El Colegio Inmobiliario de Entre Ríos está presidido por María Paula Armándola, de 39 años, hija del histórico dirigente José María Armándola: la dirigente fue acusada, entre otros hechos de gravedad, de usar la tarjeta de crédito del Colegio para gastos personales de perfumería, entretenimiento digital, compra de obras de arte y pagos de multas de tránsito.&nbsp;Los manejos hiper personalistas de Armándola quedaron en evidencia en múltiples episodios. Uno de los más recientes ocurrió en marzo pasado, cuando la presidente del CIER decidió renunciar, de manera inconsulta y a título personal, a integrar el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de la República Argentina (Cofeci). Sin embargo, a fines de agosto, la asamblea de corredores revocó esa decisión por considerarla unilateral.&nbsp;Según indicaron los colegiados, la resolución se adoptó “sin deliberación previa, sin dictamen jurídico, sin reunión abierta del Consejo Directivo y, lo que es aún más alarmante, sin intervención ni autorización de la Asamblea General de colegiados, órgano soberano de la institución”. La ruptura con el Cofeci no solo representó “una decisión inconsulta, opaca y perjudicial para la proyección profesional y el prestigio del Colegio”, tal como señalaron los colegiados, sino que además se concretó con una “liviandad inaceptable” y “sin comunicación oficial clara”.&nbsp;Sin embargo, en la misma asamblea de agosto, la remoción de Armándola no fue tratada. Integrantes del Grupo Gestión (que reúne a los matriculados viene realizando una serie de reclamos contra el Comité Ejecutivo del Colegio de Entre Ríos) cuestionaron la modalidad en que se llevó adelante la asamblea, así como el monopolio de la palabra por parte del oficialismo.&nbsp;La crisis institucional en el Colegio de Entre Ríos parece profundizarse mientras el oficialismo se divide entre quienes siguen apoyando a Armándola y quienes quieren “que caiga sola”, como señalaron algunos en el entorno de la presidenta.

Divisiones en Colegios Inmobiliarios evidencian profundas crisis institucionales

El intendente vinculó el triunfo peronista entre los bonaerense, con una proyección a futuro en el plano nacional. Horas después de confirmarse el triunfo peronista y la derrota libertaria, el intendente Adrián Fuertes se expresó públicamente sobre los resultados de las elecciones legislativas, realizadas el pasado domingo en la provincia de Buenos Aires. A través de una publicación en su perfil de <a href="https://www.facebook.com/share/p/1CqCoMt1w6/">Facebook</a>, acompañada por una imagen en la que se lo ve especialmente sonriente, el dirigente político felicitó al electorado bonaerense y destacó el valor de la militancia opositora en todo el país. &nbsp;“Felicitaciones al pueblo de la provincia de Buenos Aires”, escribió Fuertes en el inicio de su mensaje, para luego remarcar la necesidad de “sostener la esperanza y la ilusión de cada compañera y compañero que, con el corazón, milita en cada rincón de la Patria”. &nbsp;Con miras a los comicios generales de 2027, el presidente municipal definió como objetivo “volver a tener un gobierno que priorice la educación, el trabajo, la salud, a los jubilados, a las personas con discapacidad y a quienes más lo necesitan”.&nbsp;También hizo hincapié en la importancia de “fortalecer la industria nacional, las pymes, el comercio y la recuperación del consumo popular”. De esta manera, Fuertes vinculó el resultado electoral bonaerense con una proyección a futuro a nivel nacional, poniendo el acento en un horizonte de unidad y en la recuperación de políticas que, según subrayó, beneficien a los sectores más vulnerables y al desarrollo productivo argentino. Con la totalidad de las mesas escrutadas, “Fuerza Patria” se impuso con el 47,3% de los votos, dejando en segundo lugar a “La libertad avanza”, que obtuvo 33,7%, en una victoria por más de 13 puntos de diferencia. La participación alcanzó el 60% del padrón.

Fuertes celebró el resultado en Buenos Aires

La Unión Industrial Argentina (UIA) difundió un informe que vuelve a poner en debate el peso de los tributos locales sobre la actividad económica. Según el relevamiento, Entre Ríos se encuentra entre las provincias con mayor cantidad de tasas municipales junto con Buenos Aires, La Pampa, Misiones, Jujuy, Córdoba, Santa Fe y Corrientes.El documento, titulado “Tasas Municipales: un tributo invisible que pagamos todos”, advierte que en promedio las empresas deben afrontar 1,4 tasas por municipio, y en más de 30 distritos relevados la cifra asciende a dos o más.<h2>Creación de nuevas tasas y presión fiscal</h2>De acuerdo con la entidad fabril, en 2024 se crearon seis tasas nuevas a nivel país, lo que eleva a 84 el número total de tributos municipales frente a los 78 registrados en 2023. La Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene (TISH) concentra uno de cada tres pagos y llega a representar hasta el 1,8% del precio final de alimentos y otros productos básicos.El estudio señala que el 81% de las tasas no tienen contraprestación de servicios, el 51% no son proporcionales al servicio recibido y el 35% generan doble imposición, principalmente con Ingresos Brutos.<blockquote>“La Argentina lidera el ranking de presión fiscal sobre el sector formal a nivel subnacional. Junto con Italia, es uno de los pocos países con doble imposición, aunque en el caso argentino, las tasas municipales son un 400% más altas”, subraya el informe.</blockquote><h2>Riesgos para la industria</h2>La UIA advirtió que la combinación de alta carga impositiva, apertura comercial y estancamiento económico impacta de lleno en la rentabilidad de las empresas. Las importaciones en niveles récord y las ventas internas que no terminan de repuntar impiden trasladar plenamente los mayores costos a precios, lo que, según los industriales, los deja en “desigualdad de condiciones” frente a competidores externos.Además, remarcan la incertidumbre política: temen que la falta de consensos entre el Ejecutivo, los gobernadores y el Congreso retrase las reformas estructurales en impuestos y legislación laboral que el Gobierno prometió encarar hacia fin de año en el marco de su compromiso con el Fondo Monetario Internacional (FMI).<h2>Propuestas de la entidad</h2>La UIA propondrá a las autoridades nacionales y provinciales un conjunto de medidas para reducir la carga de los tributos locales:Establecer un consenso fiscal con tope a las tasas municipales.Armonizar la normativa para evitar la doble imposición.Garantizar que las tasas tengan una justificación real y contraprestación de servicios.Mejorar la coordinación fiscal entre municipios, provincias y Nación.Asegurar estabilidad fiscal para dar previsibilidad a las inversiones.<h2>Camino a las elecciones</h2>El debate impositivo se enmarca en un escenario político marcado por la cercanía de las elecciones y por la estrategia del presidente Javier Milei, que apuesta a un descenso abrupto de los precios hacia los próximos comicios.Los industriales preparan además la firma de un Decálogo del Nuevo Contrato Productivo, previsto para el 2 de septiembre en Córdoba, donde esperan contar con la presencia del presidente Milei y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.Allí pondrán sobre la mesa los que consideran los principales factores del “costo argentino”: alta presión impositiva, rigidez laboral, elevado costo del dinero, déficit en educación y problemas de infraestructura.

Entre Ríos, entre las provincias con más tasas municipales según un informe de la UIA

Asunción, 30 de julio.- Esta mañana, el juez de Delitos Económicos de Paraguay, Humberto Otazú, resolvió enviar a juicio oral y público al exsenador argentino Edgardo Kueider y a su pareja, Iara Guinsel, por el delito de contrabando en grado de tentativa. La decisión fue adoptada tras concretarse la audiencia preliminar, celebrada entre las 9:00 y las 11:00 en el Palacio de Justicia de Asunción.Kueider y Guinsel arribaron al juzgado bajo custodia de la Policía Nacional paraguaya, dado que actualmente cumplen arresto domiciliario. La medida forma parte tanto del proceso por contrabando como del pedido de extradición impulsado por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, desde la República Argentina.Durante la audiencia, la defensa de la pareja —a cargo de los abogados Carlos Arévalo y Marcelo Bogado— solicitó la nulidad de la acusación y la exclusión de las grabaciones obtenidas por las cámaras de Aduanas en el Puente de la Amistad, que registraron el intento de ingreso de más de USD 200.000 sin declarar el pasado 4 de diciembre. Ambos pedidos fueron rechazados por el magistrado Otazú, quien justificó la celeridad de la audiencia al señalar que se presentaron "pocas incidencias" procesales.“El hecho punible que se les atribuye es tentativa de contrabando. Así se inició el proceso y así lo ratificó hoy también el Ministerio Público”, explicó Otazú en declaraciones a El Observador de Paraguay. Aclaró además que la defensa sostiene una “interpretación jurídica distinta” respecto a lo que debe considerarse bien o mercancía, un punto que será debatido durante el juicio.La pareja continúa detenida preventivamente, aunque han ofrecido como fianza un inmueble valuado en 500 millones de guaraníes (unos 4 mil dólares cada uno), que fue aceptado por la Justicia paraguaya. Ese monto fue requerido también en el marco del proceso de extradición iniciado por Argentina.Este último punto cobra especial relevancia, ya que la continuidad del proceso judicial paraguayo incidirá directamente en el tratamiento del pedido de extradición. Según confirmó el juez Rolando Duarte, Kueider y Guinsel rechazaron la “fórmula simple” —que implicaría aceptar el traslado sin juicio—, lo que obliga ahora a realizar un proceso completo de extradición. El juzgado argentino cuenta con un plazo de 45 días para remitir la documentación necesaria.En Argentina, ambos enfrentan una investigación por el presunto delito de lavado de activos. No obstante, el pedido de extradición aún no incluye otras figuras penales, aunque la causa continúa abierta.Con la causa elevada a juicio oral en Paraguay, se espera que en las próximas semanas se defina el tribunal competente y la fecha del debate. El proceso podría marcar un precedente en la cooperación judicial entre ambos países en casos de criminalidad económica transnacional.

Avanza el proceso judicial en Paraguay contra el exsenador Edgardo Kueider y su pareja por tentativa de contrabando

Avanza proceso judicial en Paraguay contra el exsenador Edgardo Kueider y su pareja por tentativa de contrabando

A pesar de la desaceleración de la inflación, una reciente encuesta de la consultora Zuban Córdoba encendió las alarmas en el oficialismo al reflejar un fuerte malestar económico entre los argentinos, que ya impacta de lleno en la imagen del presidente Javier Milei y de su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo. El sondeo, basado en 1.400 casos a nivel nacional, evidencia que la baja de precios no compensa la pérdida de poder adquisitivo y la creciente percepción de desigualdad.<h2>La billetera marca la agenda</h2>Entre los datos más contundentes del estudio, difundido por la agencia Noticias Argentinas, se destaca que el 63,7% de los encuestados asegura que tiene cada vez más dificultades para llegar a fin de mes, lo que demuestra que la economía cotidiana sigue siendo el mayor dolor de cabeza para los ciudadanos.Además, el 89,3% considera necesario mejorar los sueldos, dejando en claro que la lucha contra la inflación no alcanza si no hay una recomposición salarial. Esta percepción se profundiza con otros indicadores sensibles:El 50,3% teme perder su empleo o ingresos debido a las políticas del Gobierno.El 57,4% desconfía de que Milei y Caputo tengan “todo bajo control” en materia económica.El 60% considera que el Gobierno está profundizando la desigualdad social en el país.<h2>Desgaste de imagen y voto castigo</h2>El clima económico adverso también golpea en el plano político. Según la encuesta, el 57,5% tiene una imagen negativa del presidente Javier Milei, mientras que el 56,8% rechaza de forma directa las políticas implementadas por su gestión.De cara a las próximas elecciones, el 52,8% de los consultados adelantó que utilizará su voto para “castigar” al gobierno, lo que representa una señal preocupante para La Libertad Avanza. En paralelo, el 50,4% se mostró dispuesto a apoyar un frente opositor común, abriendo una oportunidad para que sectores hoy fragmentados comiencen a construir una alternativa competitiva.<h2>Detrás de los números</h2>La encuesta llega en un momento en el que el Gobierno nacional insiste en mostrar la baja sostenida de la inflación como el principal logro de su gestión. Sin embargo, el sondeo revela que ese argumento empieza a perder fuerza frente a la realidad diaria de millones de personas que sienten que su situación económica sigue empeorando.El mensaje que envían los números es claro: el Gobierno deberá recalibrar su estrategia económica si quiere evitar un desgaste más profundo de cara a las próximas elecciones. El desafío no será solo bajar la inflación, sino también mejorar los ingresos, garantizar estabilidad laboral y recomponer la confianza de la ciudadanía.Mientras tanto, en la oposición crece la expectativa por capitalizar el descontento social, aunque aún resta ver si pueden transformar ese respaldo potencial en una propuesta sólida y unificada.

Una encuesta revela malestar económico y caída en la imagen del Gobierno de Milei

La Justicia Federal dio marcha atrás con el DNU 461/25, que contemplaba la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad junto con otros organismos clave en materia de transporte y seguridad. La decisión judicial fue recibida con satisfacción por el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), que conduce Graciela Aleñá, quien calificó la medida como "un freno necesario" ante lo que definió como una ofensiva privatizadora impulsada por el Gobierno nacional."Este fallo es una noticia muy positiva", expresó Aleñá, y remarcó que si bien se trata de un paso importante, la lucha no concluye: “Ahora el foco está en el Congreso. Tiene que ser rechazado por ambas cámaras y que no se atrevan más a venir a privatizar, hacer negocios y destruir las rutas nacionales, hoy desfinanciadas por el desvío del Impuesto a los Combustibles”.La dirigente señaló que esta instancia judicial fue impulsada por otro gremio del sector, y valoró la articulación legal y política como herramienta para frenar el avance del decreto. “Lo que hizo la Justicia nos hace ganar tiempo. El objetivo es trabajar en la agenda parlamentaria para lograr los dictámenes de rechazo en Diputados y Senadores”, subrayó.Aleñá advirtió que el DNU, promovido por el Ministerio de Desregulación que encabeza Federico Sturzenegger, proponía una “destrucción sin precedentes” de la estructura estatal en materia de infraestructura vial. “Estamos frente a un gobierno autoritario que no escucha. Lo que conseguimos es un parate, pero el tema no está resuelto de fondo. Hay que seguir peleándola”, sentenció.En ese marco, la secretaria general del STVyARA hizo un llamado a profundizar la articulación política con gobernadores, intendentes y sectores legislativos para impedir la implementación de la medida por vía parlamentaria. “Vialidad Nacional no es un organismo más. Es un eje estratégico para el desarrollo productivo y social del país, ya que más del 90% de la producción argentina se traslada por rutas”, apuntó.El debate por la continuidad del organismo, que ha despertado un amplio respaldo en distintos sectores, se ha instalado también como un tema de alcance federal. Aleñá destacó que “el caso Vialidad generó un movimiento enorme de solidaridad, como pocas veces se ha visto”, tocando fibras sensibles como el federalismo, las economías regionales y la seguridad vial.Para finalizar, fue categórica respecto al accionar del Gobierno nacional: “No hay antecedentes en el mundo de que un Estado decida eliminar su organismo vial estratégico. Es una decisión demencial y cruel. Hoy se le puso un límite, pero la lucha continúa”, concluyó.

La Justicia frenó el DNU que disolvía Vialidad Nacional y los trabajadores exigen su rechazo en el Congreso

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio se ubicó en el 1,6%, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Con este registro, la inflación interanual alcanzó el 39,4%, mientras que en lo que va del año el alza acumulada es del 15,1%.El dato se ubicó por debajo de las proyecciones privadas, que estimaban un incremento cercano al 1,8%, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central. También estuvo por debajo del 2% que proyectaban algunas consultoras como C&amp;T Asesores Económicos y Libertad y Progreso.La división que registró el mayor aumento en el mes fue Educación, con una suba del 3,7%, impulsada por el ajuste en las cuotas de colegios y universidades privadas. Le siguió Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, que aumentó 3,4% debido, según el INDEC, a "los incrementos en alquileres y expensas, asociados a la bonificación en la remuneración de los encargados de edificio". A ello se sumaron aumentos en combustibles hacia fin de mes.Por el contrario, las divisiones con menor variación fueron Prendas de vestir y calzado, con un incremento de apenas 0,5%, y Alimentos y bebidas no alcohólicas, que subieron 0,6%, muy por debajo del promedio general. Este último rubro es clave, dado que tiene la mayor incidencia en la composición del IPC. Según consultoras privadas, en alimentos se destacaron subas en panificados, lácteos y bebidas, pero en niveles moderados.<h2>Divergencias entre el INDEC y consultoras privadas</h2>El número oficial fue más bajo que varias estimaciones del sector privado. C&amp;T Asesores Económicos, por ejemplo, había proyectado un 2% para el Gran Buenos Aires, con una inflación interanual del 38,7%, la menor desde principios de 2021. La consultora Analytica, por su parte, estimó una suba mensual del 1,7%, mientras que Libertad y Progreso calculó una inflación del 2%, con un acumulado semestral del 15,5% y una variación interanual del 39,9%.La consultora Equilibra reportó subas del 2% tanto en el IPC general como en el núcleo, destacando el impacto de los precios regulados (+3,2%). Orlando Ferreres y Asociados, en tanto, estimó una inflación de junio del 1,9% mensual y una variación interanual del 37,9%.<h2>Expectativas oficiales y el futuro de los precios</h2>El Gobierno nacional había anticipado una cifra por debajo del 2% y celebra el dato como una señal de desaceleración sostenida. Desde la administración de Javier Milei sostienen que, más allá de la reciente suba del tipo de cambio, no existen fundamentos macroeconómicos que justifiquen un repunte inflacionario. El propio Presidente afirmó la semana pasada en la Bolsa de Comercio que “a mediados del año que viene la inflación será historia en la Argentina”.Sin embargo, analistas advierten que persisten focos de incertidumbre. El economista Martín Redrado alertó que “se perdió la oportunidad de acumular reservas y viene un período de incertidumbre cambiaria”, lo que podría afectar la estabilidad de precios en los próximos meses.Mientras tanto, julio ya muestra un comportamiento más volátil del tipo de cambio, lo que podría repercutir en los índices de inflación del mes en curso.Resumen:IPC de junio: 1,6%Inflación interanual: 39,4%Acumulado en 2025: 15,1%Mayor suba: Educación (+3,7%)Menor suba: Prendas de vestir y alimentos (+0,5% y +0,6%, respectivamente)Estimaciones privadas: Proyectaban entre 1,7% y 2%Gobierno: Mantiene expectativa de inflación en baja pese al salto del dólar

La inflación de junio fue del 1,6% y acumuló un 39,4% interanual, según el INDEC

En una decisión que marca un nuevo capítulo en su política de ajuste y reorganización del Estado, el Gobierno nacional oficializó este martes la disolución, transformación y fusión de 21 organismos públicos. La medida fue publicada en el Boletín Oficial N° 35.702 y abarca dependencias de diversas áreas como salud, transporte, agroindustria, industria y seguridad vial.Según informó la agencia Noticias Argentinas, las competencias esenciales de los entes eliminados serán reasignadas a los ministerios y secretarías correspondientes, mientras que el personal conservará sus cargos hasta que se definan las nuevas estructuras.<h2>Organismos disueltos y reubicación de funciones</h2>Entre los organismos que dejan de existir figuran:Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)Dirección Nacional de Vialidad (DNV)Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR)Instituto Nacional de Semillas (INASE)Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI)Delegaciones Sanitarias FederalesAgencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME)Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad VialComisión Nacional de SemillasInstituto Nacional de Medicina Tropical (INMET)Las funciones de estos entes serán asumidas por organismos como los ministerios de Salud, Economía, y secretarías de Transporte, Agricultura e Industria, según cada caso. La Agencia Nacional de Seguridad Vial, por ejemplo, pasará a depender de la Secretaría de Transporte y de la Gendarmería Nacional, mientras que la ARICCAME será absorbida por la ANMAT y el Ministerio de Economía.En el caso del Instituto Nacional de Medicina Tropical, su cierre se justifica por "superposición de funciones y falta de resultados concretos", según los fundamentos oficiales.<section class="noteSuggested" data-id="2001" data-title="Puede interesarte"></section><h2>Transformaciones y nuevas estructuras</h2>Algunos organismos no fueron disueltos sino reconvertidos o fusionados dentro de nuevas estructuras:La CNRT pasa a ser la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.La Junta de Seguridad en el Transporte se transformó en la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, con funciones limitadas al área aeronáutica.Se crea la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), que centralizará la gestión de los hospitales nacionales Posadas, Sommer, Carrillo, INAREPS y Bonaparte.A su vez, instituciones como el Instituto Nacional del Cáncer, el INTI, el INV, el INPI y el INTA fueron reubicadas como unidades organizativas o desconcentradas dentro de las respectivas secretarías de Salud, Industria y Agricultura.<h2>Criterios y argumentos del Ejecutivo</h2>Según el Gobierno, la decisión se tomó tras un diagnóstico que detectó un crecimiento "desproporcionado" de organismos descentralizados, con una planta que pasó de 35.481 agentes en 2010 a 88.095 en 2024. Se identificaron también irregularidades administrativas, duplicación de funciones y falta de control interno.En ese marco, se estableció que los bienes inmuebles y vehículos sin uso de los organismos disueltos pasarán a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), para su posterior reasignación o venta. Los fondos líquidos disponibles, en tanto, serán transferidos al Tesoro Nacional.<h2>Continuidad y próximos pasos</h2>El Ejecutivo instruyó a los ministerios involucrados a elevar en las próximas semanas sus propuestas de adecuación organizativa, con el objetivo de asegurar la continuidad de las funciones públicas y garantizar que no haya interrupciones en los servicios.La medida se enmarca en la estrategia de reestructuración del Estado que lleva adelante la gestión del presidente Javier Milei, con el objetivo declarado de reducir el gasto público, mejorar la eficiencia y "terminar con los organismos inútiles o politizados", según palabras reiteradas por el mandatario en declaraciones anteriores.Organismos disueltos y su nuevo destino:<figure class="table"><table><thead><tr><th>Organismo</th><th>Nuevo destino</th></tr></thead><tbody><tr><td>ANSV</td><td>Secretaría de Transporte / Gendarmería</td></tr><tr><td>DNV</td><td>Ministerio de Economía / Agencia de Control</td></tr><tr><td>FONDEP</td><td>Ministerio de Economía</td></tr><tr><td>INAFCI / INASE</td><td>Secretaría de Agricultura</td></tr><tr><td>Delegaciones Sanitarias Federales</td><td>Ministerio de Salud</td></tr><tr><td>ARICCAME</td><td>ANMAT / Ministerio de Economía</td></tr><tr><td>Comisión Nacional de Tránsito</td><td>Subsecretaría de Transporte Automotor</td></tr></tbody></table></figure>&nbsp;Organismos transformados:<figure class="table"><table><thead><tr><th>Antes</th><th>Nuevo nombre / dependencia</th></tr></thead><tbody><tr><td>CNRT</td><td>Agencia de Control de Concesiones</td></tr><tr><td>Junta de Seguridad en el Transporte</td><td>Agencia de Investigación de Accidentes Aéreos</td></tr><tr><td>Instituto Nacional del Cáncer</td><td>Unidad dentro del Ministerio de Salud</td></tr><tr><td>INV, INPI, INTI</td><td>Unidades organizativas dentro de secretarías sectoriales</td></tr><tr><td>Hospitales nacionales</td><td>Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES)</td></tr></tbody></table></figure>

El Gobierno oficializó la disolución, transformación y fusión de 21 organismos públicos

El anuncio se realizó este lunes en una conferencia de prensa encabezada por Adorni en Casa Rosada, donde se presentó un video con fragmentos del juicio por la denominada “Causa Vialidad”, que tuvo como figura central a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada en 2022 por administración fraudulenta. A partir de esa introducción, el funcionario expuso que la medida forma parte de una “reestructuración histórica” que busca “cerrar la etapa de corrupción en la obra pública”.<blockquote>“El presidente Javier Milei firmó el decreto que dispone el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad, la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, y la Agencia Nacional de Seguridad Vial”, anunció Adorni.</blockquote>Según explicó, las competencias de fiscalización vial pasarán a una nueva entidad: la Agencia de Controles y Servicios Públicos del Transporte, que reemplazará a la CNRT. Asimismo, se abrirá una licitación para intervenir en 9.120 kilómetros de rutas nacionales, muchos de ellos “en estado crítico”, según palabras del vocero.“El Gobierno da así un acta de defunción a la corrupción en la obra pública. Es una decisión que simboliza el fin de una etapa de despilfarro y contratos irregulares”, señaló Adorni, aludiendo a las causas judiciales que motivaron el cambio estructural.<h2>Uso de facultades delegadas y ahorro fiscal</h2>La medida se enmarca dentro del último día de vigencia de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo, autorizadas por el Congreso a través de la Ley de Bases. Adorni defendió el uso que el gobierno hizo de esta herramienta, asegurando que no se prorrogó su aplicación y que se utilizó “con responsabilidad institucional”.“El presidente Milei no pidió extender las facultades delegadas. Las usó para promover reformas y generar un ahorro estimado en 2 mil millones de dólares, con 65 decretos que aliviaron la carga fiscal del Estado”, dijo.Además, contrastó este uso con gobiernos anteriores, al señalar que “el kirchnerismo prorrogó estas facultades durante años y las usó para concentrar poder y aumentar impuestos”.<h2>Críticas al pasado y mirada a futuro</h2>Adorni también cuestionó duramente a la gestión anterior por su uso de las delegaciones legislativas durante la pandemia y por el aumento de la presión fiscal. “Encerraron a los argentinos, cerraron escuelas y actividades productivas, prohibieron reuniones privadas. El problema no es la herramienta, sino cómo se usa”, enfatizó.Finalmente, sostuvo que la administración de Milei busca “reparar el daño causado por décadas de políticas irresponsables” y que “el cierre de Vialidad Nacional es parte de un rediseño integral del Estado”.

El Gobierno anunció el cierre de Vialidad Nacional y dos organismos más en el marco de una reforma estructural

Un nuevo informe elaborado por la Escuela de Educación de la Universidad Austral vuelve a poner en evidencia una de las principales deudas del sistema educativo argentino: las profundas desigualdades en los aprendizajes entre estudiantes de diferentes contextos socioeconómicos. Según este estudio, Argentina presenta la mayor brecha educativa de los siete países latinoamericanos analizados, con una preocupante distancia entre los adolescentes más favorecidos y los más vulnerables.El trabajo se basa en un indicador desarrollado en 2024 por las investigadoras Eugenia Orlicki y Cecilia Adrogué, que permite medir cuántas veces más estudiantes del quintil socioeconómico más alto alcanzan los aprendizajes mínimos en comparación con el quintil más bajo. La herramienta fue aplicada a los datos de PISA 2022, que evalúa competencias en Lengua y Matemática en estudiantes de 15 años.<h2>Matemática: una brecha que alarma</h2>En el caso argentino, la desigualdad es especialmente marcada en Matemática: solo el 7,4% de las adolescentes del quintil más bajo logra los aprendizajes mínimos, frente al 52,9% del quintil más alto. Esto implica una diferencia de 7,1 a 1, la más elevada entre los países analizados, que incluyen además a Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay.“La combinación de género y pobreza profundiza las desigualdades estructurales. Las adolescentes de sectores vulnerables están en clara desventaja frente al resto, y esto requiere una respuesta urgente del sistema educativo”, sostuvo Cecilia Adrogué, doctora en Economía y coautora del informe.<h2>Lengua: brechas persistentes</h2>Aunque con diferencias menos extremas, en Lengua también se registran disparidades notables. Según el estudio, por cada tres adolescentes de sectores favorecidos que comprenden lo que leen, solo una de sectores bajos lo consigue. Esta diferencia vuelve a ubicar a la Argentina entre los países con mayor desigualdad, incluso cuando el rendimiento general no es el más bajo.“El gran desafío es que estas brechas no son nuevas. Lo preocupante es que se mantienen o incluso se consolidan con el tiempo. Nuestro indicador permite mostrarlo en forma clara y comparable, lo cual es clave para diseñar políticas más efectivas”, explicó Eugenia Orlicki, investigadora de la Universidad Austral.<figure class="image"><img src="https://diarioelpueblocdn.eleco.com.ar/media/2025/07/alarma_en_el_sistema_educativo.png" alt="Alarma en el sistema educativo"></figure><h2>Desigualdades de género</h2>El informe también pone el foco en las desigualdades por género. En Matemática, las adolescentes de bajos recursos tienen peores resultados que sus pares varones, una tendencia que se repite en los siete países. Por el contrario, en Lengua, las mujeres superan a los varones en todos los grupos sociales.<h2>Un llamado urgente a las políticas públicas</h2>El estudio concluye que mejorar los aprendizajes no será suficiente si no se abordan las desigualdades estructurales. Las investigadoras advierten que sin una mirada focalizada y sostenida, especialmente sobre los sectores más desfavorecidos y las adolescentes, las brechas seguirán profundizándose.“Cerrar estas brechas debe ser el eje de la política educativa. No hay calidad sin equidad”, sintetiza el informe, que se presenta como una hoja de ruta clave para repensar las prioridades del sistema educativo argentino.Con estos datos, la Argentina enfrenta un doble desafío: mejorar el rendimiento general de sus estudiantes y hacerlo con una fuerte orientación a la equidad, sin dejar atrás a quienes más necesitan del apoyo del Estado.

Alarma en el sistema educativo: Argentina encabeza el ranking regional de desigualdad en aprendizajes

Este martes 1 de julio será una jornada clave en la relación entre las provincias y el Gobierno nacional. Los gobernadores de las 24 jurisdicciones del país enviarán a sus ministros de Economía a una reunión con Carlos Guberman, secretario de Hacienda de la Nación y delegado del ministro Luis "Toto" Caputo, con el objetivo de avanzar en un acuerdo sobre la distribución de fondos coparticipables y Aportes del Tesoro Nacional (ATN), y evitar un conflicto institucional en el Congreso.El encuentro se desarrollará en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) en la Ciudad de Buenos Aires. Allí, los representantes provinciales expondrán sus propuestas para reequilibrar el reparto del impuesto a los combustibles líquidos y rediscutir el esquema de los ATN. La iniciativa surge en medio de una marcada caída de la recaudación, afectada por el retroceso del consumo y la baja en la recaudación del IVA y tributos locales como Ingresos Brutos.<h2>Proyecto conjunto y señales de unidad política</h2>Los 24 gobernadores, de todos los signos políticos —desde Axel Kicillof (Unión por la Patria) y Jorge Macri (PRO), hasta Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut, PRO), Martín Llaryora (PJ-Córdoba) y Maximiliano Pullaro (UCR-Santa Fe)— trabajan en un proyecto de ley conjunto que propone:La eliminación de todos los fondos fiduciarios financiados con el impuesto a los combustibles líquidos, para que esos recursos puedan ser asignados según prioridades propias tanto por la Nación como por cada provincia.La redistribución de los ATN según el sistema de coparticipación primaria y secundaria, contemplando el actual contexto de crisis económica.Según expresó el gobernador chubutense Ignacio Torres, la idea es terminar con la utilización política de los fondos: "Históricamente los ATN se usaron de forma discrecional para premiar o castigar gobernadores. Lo que proponemos es que estos fondos se coparticipen con reglas claras. Esto no es sacarle dinero a la Nación, sino que se respete lo que por ley corresponde a las provincias".<h2>Estrategia técnica para evitar la confrontación política</h2>El eje de la reunión con Guberman será técnico. Los ministros provinciales explicarán de dónde podrían salir los recursos para asistir a las provincias sin afectar el equilibrio fiscal nacional. Proponen que una parte de los fondos se libere para uso del Gobierno nacional y la otra se coparticipe automáticamente, lo que permitiría previsibilidad financiera en medio de la recesión.El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ya había recibido reclamos similares en reuniones con mandatarios provinciales, pero no avanzó en soluciones concretas, ya que no tiene control sobre el presupuesto ni sobre la política fiscal, según destacó el medio Ámbito.<h2>Reclamos adicionales y una agenda federal más amplia</h2>Mientras tanto, los gobernadores también impulsan otras iniciativas. El gobernador Pullaro participó recientemente en una audiencia con la Corte Suprema por la deuda previsional de la ANSES con Santa Fe, acompañado por sus antecesores Omar Perotti y Antonio Bonfatti, en un gesto de unidad institucional.Además, representantes de 13 provincias del Norte Grande y Litoral se reunieron en Santiago del Estero para consensuar un proyecto de tarifa eléctrica diferencial para zonas cálidas y muy cálidas, basado en criterios técnicos de la norma IRAM 11603/12. La propuesta busca corregir asimetrías en el costo de la energía y será presentada próximamente en el Congreso.<h2>Un nuevo intento ante Economía</h2>El encuentro de este martes en el CFI representa un intento crucial para evitar una escalada en la tensión entre las provincias y el Ejecutivo nacional. Guberman fue designado por Caputo para acercar posiciones con los ministros provinciales y explorar salidas negociadas, antes de que los gobernadores avancen con un proyecto de ley propio que modifique sustancialmente la arquitectura fiscal vigente.

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