Mayoría a favor de bajar la edad de imputabilidad y respaldo dividido a la reforma laboral
El último Monitor de Opinión Pública revela que el debate legislativo encuentra eco en la sociedad.
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El último Monitor de Opinión Pública revela que el debate legislativo encuentra eco en la sociedad. El 64,2% de los consultados se manifiesta a favor de bajar la edad de imputabilidad a 13 o 14 años, mientras que el 48,6% acompaña la reforma laboral actualmente en discusión en el Congreso.
El dato no es menor: en un contexto de fuerte polarización, el Gobierno nacional logra alinear parte de su agenda parlamentaria con demandas sociales concretas. Ese capital político se refleja en la imagen del presidente Javier Milei, que alcanza un 47% de valoración positiva.
Seguridad y malestar económico
El respaldo a la baja de la edad de imputabilidad no se explica únicamente por la agenda de seguridad. Según el relevamiento, la situación económica encabeza la lista de preocupaciones y el 46,8% evalúa negativamente el rumbo nacional.
En ese clima de malestar, se consolida una expectativa de respuestas firmes. Cuando la percepción de fragilidad económica aumenta, también lo hace la demanda de orden. La discusión penal, en ese marco, aparece como parte de una lógica más amplia: menor tolerancia social y mayor reclamo de decisiones contundentes frente a problemáticas estructurales.
Reforma laboral y desgaste sindical
El estudio también muestra que el desempleo figura entre las principales inquietudes y que el 41,9% atravesó la pérdida de empleo propia o en su entorno cercano en el último año. A esto se suma que el 76,1% considera que su salario no le gana a la inflación.
Ese escenario de inestabilidad y deterioro del poder adquisitivo impulsa la disposición a discutir cambios estructurales en el mercado de trabajo. Casi la mitad de los encuestados respalda la reforma laboral, lo que sugiere que la propuesta no es leída exclusivamente en clave ideológica, sino como una posible vía de transformación frente a un esquema que no logra resolver la informalidad ni la precarización.
En paralelo, se consolida un desgaste de los actores sindicales tradicionales. Mediciones anteriores ya registraban niveles elevados de imagen negativa hacia los gremios y un amplio apoyo a la eliminación de las cuotas sindicales obligatorias, aunque finalmente el Gobierno y la CGT acordaron mantenerlas. La tensión expone una brecha entre las cúpulas gremiales y un sector significativo de la opinión pública que cuestiona su representatividad y efectividad.
Congreso y clima político
Con ambos proyectos ya con media sanción en la Cámara de Diputados, la agenda legislativa se posiciona en el centro del escenario político a pocos días de la apertura de sesiones ordinarias del 1° de marzo. La combinación entre demanda de orden en materia penal y disposición a revisar las reglas laborales configura un Congreso que debate iniciativas con respaldo social considerable.
INDEC y credibilidad
En cuanto a los cambios institucionales recientes, la salida de Marcos Lavagna de la conducción del INDEC generó una reacción mayoritariamente negativa. Predomina la percepción de que se trata de una intervención sobre un organismo clave para medir la inflación y, por lo tanto, para sostener la credibilidad institucional en uno de los temas más sensibles para la vida cotidiana.
En conjunto, los datos describen un escenario donde el malestar económico convive con una demanda de reformas estructurales y con una opinión pública dispuesta a respaldar cambios profundos, aun en un contexto político atravesado por la polarización.
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