Crisis en el Colegio Inmobiliario: Armándola denuncia violencia institucional mientras reflotan sospechas por gastos
La ex presidenta de la institución acusó a los actuales dirigentes de violencia psicológica y de implementar una campaña de “fake news” para desprestigiarla. En medio de dificultades que se profundizan, Armándola dijo que las denuncias en su contra son falsas.
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La crisis que atraviesa el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos (CCPIER) ha alcanzado un nuevo punto crítico tras la reciente presentación judicial de su ex presidenta, María Paula Armándola. La primera mujer en conducir la institución ha promovido una denuncia formal -por violencia institucional y violencia telemática contra la mujer- contra las actuales autoridades, en un escenario de hostilidad que, según afirma, busca su “muerte civil y política”.
La presentación judicial, que tramita ante el Juzgado de Familia de Paraná, apunta contra el actual presidente Germán Solari, la vicepresidenta Carolina Ledesma, el vocal Alcides Cogno, el secretario Juan Lanzi y la tesorera Luisina Pretis. Armándola alega ser víctima de un ensañamiento sistemático que comenzó en agosto de 2025 y que se recrudeció tras el traspaso de mando el 1 de enero de 2026.
Entre las medidas solicitadas, destaca un pedido de prohibición de acercamiento contra Alcides Cogno, fundamentado en un trato “manifiestamente despectivo” y actos de menosprecio que la denunciante califica como violencia psicológica y simbólica. Armándola sostiene que las autoridades han utilizado canales oficiales del Colegio y filtraciones a la prensa para instalar un relato de corrupción y despilfarro totalmente falso, mediante la difusión de lo que denomina “fake news” institucionales.
Este contraataque judicial de Armándola ocurre en un contexto donde aún resuenan las graves acusaciones vertidas contra ella el año pasado. En agosto de 2025, un centenar de colegiados (con más de 95 firmas) presentaron un pedido formal de remoción del entonces Consejo Directivo, denunciando una “utilización indebida y discrecional de recursos institucionales”.
En aquella oportunidad, los matriculados cuestionaron gastos superiores a los 81 millones de pesos en la sede institucional. Entre los puntos más polémicos se detallaron: $612.500 por un cuadro cuya autoría pertenece a la pareja de la entonces presidenta; gastos con la tarjeta de crédito del Colegio en perfumería, entretenimiento digital y multas de tránsito; inversiones millonarias en cartelería, cortinas y carpintería sin licitaciones claras; y la ruptura unilateral con el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (Cofeci) sin autorización de la Asamblea.
Armándola se defiende asegurando que las acusaciones sobre gastos personales son falsas y que el uso de la tarjeta institucional fue una decisión para “centralizar gastos y tener control”. Asimismo, sostiene que la desaprobación de su balance fue un acto de persecución política, ya que el mismo contaba con auditorías externas y la certificación del Consejo de Ciencias Económicas sin objeciones técnicas.
Para la ex presidenta, el trasfondo de estos ataques es una profunda misoginia dentro de un ámbito tradicionalmente masculino. Denuncia que se han utilizado términos como “El Clan Armándola” para criminalizar su gestión y que se ha intentado desplazarla de su rol en el Consejo de la Magistratura de manera irregular.
Actualmente, la Justicia debe resolver sobre los pedidos de derecho a réplica, rectificación de información y el “derecho al olvido” solicitado por Armándola para dar de baja las notas periodísticas que considera difamatorias.
Mientras tanto, el Colegio Inmobiliario permanece sumido en una fractura institucional sin precedentes, donde las denuncias cruzadas por malversación y violencia de género mantienen en vilo a toda la matrícula provincial.
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