Revés judicial y escándalo financiero, crisis profunda en el Colegio de Corredores
Un reciente fallo dejó al descubierto irregularidades en los procesos sancionatorios de la institución, mientras crecen las denuncias por manejos presupuestarios discrecionales
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Un reciente fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná dejó al descubierto irregularidades en los procesos sancionatorios de la institución, mientras crecen las denuncias internas por manejos presupuestarios discrecionales.
El Colegio de Corredores de Entre Ríos (CCPIER) se encuentra en el ojo de la tormenta tras una sentencia judicial que anuló la revocación de la matrícula de un profesional. La Justicia determinó que la entidad actuó de manera arbitraria, violando el derecho de defensa y el debido proceso administrativo, lo que permitió al damnificado recuperar su derecho a trabajar mediante una medida cautelar.
Este caso parece formar parte de una tendencia nacional. Expertos advierten sobre una estrategia sistemática de diversos colegios profesionales para hostigar a colegiados que optan por modelos de negocios innovadores, como las redes inmobiliarias de marcas. Bajo acusaciones genéricas de “franquiciar la profesión” o asociarse con personas no matriculadas, se inician sumarios que, según diversos fallos judiciales, carecen de sustento legal.
Los tribunales han aclarado en reiteradas ocasiones que, en estas oficinas, existe siempre un corredor matriculado responsable que avala con su firma y sello toda la documentación operativa.
Más allá de las disputas legales externas, el CCPIER enfrenta una rebelión interna. Un centenar de matriculados ha alzado la voz contra decisiones estratégicas tomadas por el Consejo Directivo sin la aprobación de la Asamblea. Esto ocurrió a fines del año pasado, cuando todavía presidía la institución María Paula Armándola, que perdió las
últimas elecciones, golpeada por la crisis interna. Entre las críticas de los colegiados figuran el abandono unilateral del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (Cofeci) y la mudanza de la sede institucional.
Sin embargo, el punto de mayor conflicto es el económico. Los informes revelan gastos que superan los 81 millones de pesos en remodelaciones de una sede no aprobada originalmente. El detalle de las erogaciones ha causado indignación entre los profesionales:
$9.000.000 destinados a cartelería, $10.000.000 en trabajos de carpintería, y $612.500 por un cuadro cuya autoría corresponde a la pareja de la entonces presidenta, María Paula Armándola.
Esta situación derivó en la salida de Armándola de la presidencia en medio de una crisis de legitimidad, mientras los matriculados continúan exigiendo la remoción total del Consejo Directivo para transparentar la gestión de la entidad. Esta decisión le corresponde ahora a la actual dirigencia, conformada en gran parte por quienes impulsaron el declive de Armándola reclamando mayor ética y transparencia.
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