Quedó conformado el Comité Provincial de Prevención de la Tortura en Entre Ríos
Con la incorporación de representantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo, se completó la conformación del organismo encargado de velar por los derechos humanos en contextos de encierro.
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El Comité Provincial de Prevención de la Tortura de Entre Ríos culminó su proceso de conformación con la integración de representantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo, completando así la estructura institucional del organismo creado para controlar las condiciones de detención en la provincia.
El Comité estará presidido por el senador Juan Pablo Cosso, e integrado también por la diputada Silvina Deccó y el diputado Silvio Gallay en representación del Poder Legislativo. Por el Poder Ejecutivo fue designada María Emma Bargagna, directora de Derechos Humanos. Además, participan Sofía Stamatti e Ignacio Journé en representación de organizaciones de la sociedad civil.
“El Comité fue creado en 2018 y modificado en 2023, con el fin de prevenir la tortura y las penas crueles, inhumanas o degradantes en contextos de encierro, como unidades penitenciarias, alcaidías y residencias socioeducativas”, explicó el diputado Gallay.
El legislador también destacó la labor sostenida por las organizaciones de derechos humanos mientras se aguardaba la designación de los representantes oficiales. Durante ese período, los integrantes civiles recorrieron unidades penales y elaboraron informes que fueron presentados ante la Comisión Bicameral de Derechos Humanos. “Esos informes son claves para generar políticas públicas que mejoren las condiciones de detención”, subrayó.
Gallay también remarcó la importancia de que el Comité supervise, además de cárceles y comisarías, los centros socioeducativos cerrados que dependen del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf). “Hablamos de chicos de entre 14 y 18 años, y debemos velar especialmente por sus derechos humanos”, expresó.
En cuanto al panorama carcelario, el legislador indicó que la población privada de libertad en Entre Ríos pasó de 1.060 personas en 2013 a 2.800 en 2024, lo que representa un aumento del 160%. Sin embargo, destacó que la sobrepoblación carcelaria es apenas del 1,54%, con ocho unidades penales cuya capacidad total es de 2.758 personas. “Es un índice bajo en comparación con otras provincias”, señaló.
Finalmente, Gallay hizo hincapié en la necesidad de garantizar los derechos de las personas detenidas: “Cuando alguien comete un delito, se le priva de su libertad ambulatoria, no de todos sus derechos. Esto debe ser comprendido por toda la sociedad”.
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