La falta de ética y la persecución salpican a los Colegios de Corredores de Santa Fe y Entre Ríos
Igual que ocurre en otros distritos, los Colegios que presiden Walter Ramírez (Santa Fe) y María Paula Armándola (Entre Ríos) enfrentan escándalos puertas adentro.
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Tras un episodio que volvió a exponer la falta de ética de los Tribunales de Disciplina de los Colegios de Corredores y Martilleros de la Argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un recurso presentado por el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Santa Fe contra un grupo de agentes inmobiliarios.
El conflicto se originó a partir de una sanción impuesta por el Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio, que suspendió por ocho meses a una corredora inmobiliaria acusada de facilitar el ejercicio ilegal de la profesión. Según la entidad, la profesional permitió que personas no habilitadas actuaran en el ámbito del corretaje inmobiliario, violando la ley provincial 13.154 y el artículo 14 del Código de Ética Profesional, que establece que la actividad del corredor es personal e indelegable.
Sin embargo, con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó la presentación por inadmisible. Lo cierto es que la corredora sancionada por el Colegio recurrió la sanción ante la Cámara, que en un principio confirmó la sanción. Sin embargo, al recurrir a la Corte Suprema provincial, la corredora obtuvo un fallo a favor: la sentencia previa quedó sin efecto, y la Cámara emitió un nuevo fallo. El Colegio recurrió luego en queja ante la Corte Suprema nacional, donde finalmente se rechazó el planteo y la sanción contra la corredora quedó definitivamente sin efecto.
Lo que cada vez más profesionales del sector inmobiliario vienen señalando es que, lo ocurrido en Santa Fe, responde a un modus operandi que no conoce de fronteras provinciales. En Entre Ríos, por ejemplo, todos los integrantes del Tribunal de Disciplina del Colegio de Inmobiliarios (CCPIER) renunciaron recientemente a raíz de las sospechas de corrupción que provocaron una crisis institucional sin precedentes.
Como en el resto del país, en Entre Ríos la persecución contra los colegiados que eligen trabajar con empresas que brindan servicios inmobiliarios complementarios se ha profundizado en los últimos meses. En esa provincia, un centenar de colegiados activos denunciaron al Consejo Directivo (presidido por María Paula Armándola, que perdió en las últimas elecciones y será reemplazada en enero) y pidieron su inmediata remoción: denunciaron manejos completamente discrecionales de fondos y atribuciones.
El escándalo derivó en la renuncia del Tribunal de Ética. Recientemente, se presentó una sola lista para reemplazar a esos miembros: como titulares fueron elegidos Pablo Exequiel Oleinizak, Fernando Tropini y Leonardo Depauli Zeller. Como suplentes, asumieron Jonathan Cabrera, Sebastián Vanotti y Nadia Martínez.
Los elegidos para el Tribunal pertenecen a la lista Futuro Inmobiliario, el espacio que tiene a María Paula Armándola como centro –el mismo que perdió en las últimas elecciones–. A esa misma línea pertenecían los anteriores miembros del Tribunal de Ética Damián Bartolomé Alasino, Carolina Lidia Ledesma y Vilma Viviana Abaca (titulares), así como los suplentes Manuela Mendoza, Juan Pablo Tamaño y Félix Esquivel.
Hace 4 años, cuando Armándola presentó su espacio afirmó: “Es un equipo con representación en la provincia para satisfacer las necesidades de todos. Promovemos una gestión horizontal y por eso, es importante la territorialidad. Buscamos construir sobre lo construido”, en relación al legado de su padre, el histórico dirigente José María Armándola.
Ahora, esas palabras resultan irónicas en medio del escándalo institucional expuesto por un centenar de colegiados. En su pedido de remoción del Consejo Directivo, los matriculados advierten sobre “la utilización indebida y discrecional de recursos institucionales”. En un tramo de su presentación, señalan la “exposición deliberada del Colegio a conflictos laborales y riesgos económicos derivados de decisiones arbitrarias sin la debida previsión ni asesoramiento jurídico adecuado”. Suman que las autoridades “han incurrido en una gestión negligente y temeraria, poniendo en riesgo los fondos institucionales al generar situaciones que podrían derivar en demandas judiciales, indemnizaciones y reclamos administrativos evitables”.
Se refieren, entre otras cosas, al despilfarro de recursos puestos a perseguir y hostigar a múltiples profesionales. Una práctica que, aunque ha tenido el revés de la Justicia de forma contundente, parece querer perpetuar los dirigentes ligados “a la vieja escuela”.
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