Investigan la administración de fondos del Servicio de Adicionales de la Policía de Entre Ríos y reformulan el sistema
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El Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos confirmó que colabora activamente con la investigación judicial iniciada tras una denuncia vinculada a la administración de fondos provenientes del Servicio de Adicionales de la Policía de Entre Ríos (PER). En paralelo, la cartera provincial dispuso una reformulación estructural del sistema mediante un nuevo decreto que prohíbe al personal policial de guardia realizar tareas adicionales mientras cumple funciones ordinarias.
La causa se encuentra actualmente en etapa investigativa en el ámbito judicial y es llevada adelante por la fiscalía competente.
Investigación en curso y colaboración con la Justicia
Según informó oficialmente el Ministerio de Seguridad y Justicia, tras la radicación de la denuncia se activaron de manera inmediata distintas diligencias en dependencias policiales, en coordinación con funcionarios de la fiscalía interviniente.
Durante esos procedimientos se secuestró documentación relacionada con el servicio de Policía Adicional, material que quedó resguardado para ser sometido a un análisis técnico y judicial.
Desde la cartera provincial precisaron además que el proceso de ejecución de estos servicios se encuentra bajo la órbita exclusiva de la Policía de Entre Ríos.
Las actuaciones buscan esclarecer posibles irregularidades vinculadas a la administración de fondos y determinar eventuales responsabilidades dentro del esquema operativo vigente hasta el momento.
Reformulan el sistema de Policía Adicional
En paralelo al avance de la investigación, el Gobierno provincial avanzó en una modificación normativa del régimen que regula el Servicio de Adicionales.
Hasta ahora, el sistema estaba contemplado por el Decreto Nº 1729/19 MGJ, normativa que permitía que personal policial pudiera prestar servicios adicionales de manera simultánea mientras cumplía tareas ordinarias de guardia.
Tras un análisis jurídico realizado junto a distintas áreas legales del Estado provincial, se concluyó que esa modalidad no resultaba conveniente para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de seguridad pública.
Por ese motivo, se dispuso una reformulación estructural del esquema mediante el Decreto Nº 1225/26 DTO.
La nueva normativa establece de manera explícita que el personal policial activo no podrá realizar servicios adicionales mientras se encuentre cumpliendo funciones ordinarias o de guardia.
A partir de esta modificación, el servicio adicional quedará reservado exclusivamente para agentes que se encuentren en situación de franco.
Cambios operativos y mejora remunerativa
Además de limitar la prestación del servicio adicional, el nuevo decreto incorpora mejoras dentro del sistema remunerativo.
Desde el Ministerio señalaron que la nueva estructura contempla una mejora salarial para aquellos efectivos que efectivamente realicen tareas adicionales en condiciones permitidas por la normativa.
La decisión busca ordenar el funcionamiento del sistema, garantizar mayor transparencia en la prestación de servicios y evitar que la superposición de tareas afecte el normal cumplimiento de la seguridad pública.
Garantías institucionales y principio de inocencia
En relación con la denuncia judicial, el Ministerio de Seguridad y Justicia ratificó su compromiso con la transparencia institucional y aseguró que continuará colaborando con la fiscalía mediante la entrega de documentación, pruebas y apertura total de información necesaria para el avance de la causa.
Asimismo, la cartera provincial descartó de manera categórica cualquier tipo de represalia contra quienes realizaron las denuncias.
En ese sentido, garantizó que no se aplicarán sanciones administrativas ni medidas disciplinarias contra funcionarios denunciantes, en resguardo del derecho a exponer posibles irregularidades que afecten el patrimonio público.
Finalmente, desde el organismo recordaron que, mientras avanza la investigación judicial, rige plenamente el principio de inocencia respecto a los funcionarios involucrados en la denuncia.
Serán los fiscales intervinientes quienes deberán determinar el curso de la causa penal y establecer si los resultados derivan posteriormente en eventuales resoluciones administrativas.
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