Frigerio envió a la Legislatura un proyecto para crear una Comisión Investigadora de la Deuda Pública
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El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, remitió este miércoles a la Legislatura provincial un proyecto de ley que propone la creación de una Comisión Especial Investigadora de la Deuda Pública, con el objetivo de realizar un análisis exhaustivo del desenvolvimiento histórico de los pasivos del Estado entrerriano durante los últimos 28 años, desde el 10 de diciembre de 1995 hasta la actualidad.
La iniciativa ingresó a la Cámara de Diputados y busca poner bajo examen la evolución, composición, destino y legalidad de la deuda provincial —interna y externa, directa e indirecta—, incluyendo renegociaciones, refinanciaciones, canjes, pagos de comisiones, situaciones de incumplimiento y reestructuraciones.
Una revisión integral del endeudamiento entrerriano
Según detalla el articulado del proyecto, el propósito de la Comisión será “realizar el estudio y análisis del desenvolvimiento histórico de la deuda pública del Estado entrerriano, interna y externa, directa e indirecta, desde el 10 de diciembre de 1995 hasta la fecha de promulgación de la presente ley”, abarcando todos los procesos financieros y administrativos vinculados al endeudamiento provincial.
La Comisión Especial estará integrada por nueve miembros que desempeñarán sus funciones ad honorem: tres senadores, tres diputados y tres representantes designados por el Poder Ejecutivo, lo que —según se destaca en el texto— garantiza la participación de los tres poderes del Estado en su conformación.
El trabajo de este cuerpo deberá culminar con un informe final o dictamen, de publicación obligatoria en el sitio web oficial del Gobierno de Entre Ríos. El documento deberá incluir, entre otros aspectos, el nivel, composición, origen y destino específico de la deuda, diferenciando entre aquella destinada a gasto corriente y la orientada a inversiones productivas o estratégicas a largo plazo.
Transparencia y acceso público a la información
El proyecto otorga a la Comisión amplias facultades para requerir información al Poder Ejecutivo, ministerios, organismos descentralizados, empresas con participación estatal, órganos de control y la propia Legislatura. Además, habilita a evaluar la legalidad, oportunidad, destino y efectos presupuestarios de los recursos provenientes del endeudamiento.
El texto también fija un plazo máximo de 12 meses para la elaboración del informe definitivo. En materia de transparencia, establece que la Comisión deberá garantizar la publicidad de sus actos y el acceso público a la información, publicando de manera periódica avances, informes y conclusiones en el portal oficial del Gobierno provincial.
En caso de que el plazo se cumpla sin arribar a un dictamen final, la Comisión deberá difundir la información recopilada y presentar conclusiones parciales, explicando los motivos de la falta de cierre del proceso.
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