Los hechos se acumulan y empiezan a marcar un rumbo claro y alarmante en Entre Ríos. Las últimas semanas han mostrado una postal cada vez más frecuente: empleados públicos manifestándose en los pasillos y patios de la Casa de Gobierno, alzando su voz ante un ajuste que golpea directamente sus ingresos. La eliminación de las horas extras, históricamente utilizadas para complementar salarios congelados y erosionados por la inflación, ha encendido una mecha que amenaza con prender fuego a la ya frágil estructura laboral del Estado provincial.

Las imágenes que circulan en redes sociales –videos caseros de trabajadores protestando con visible angustia– remiten a momentos de tensión que, según algunos, no se veían desde la gestión de Sergio Montiel. La decisión del gobierno de eliminar las horas extras impacta de lleno en los bolsillos de los empleados estatales, muchos de los cuales se ven ahora por debajo de la línea de pobreza.

A esta medida se sumó un decreto que congela los aumentos salariales para funcionarios y personal fuera de escalafón. Una respuesta simbólica más orientada a calmar el descontento social que a mejorar sustancialmente las cuentas provinciales. Mientras tanto, el verdadero ahorro, dicen los números, viene del recorte que afecta a los trabajadores de base y representa un 10% del gasto en ese ítem. Como era previsible, se avecina una ola de demandas judiciales por parte de empleados que ven sus derechos vulnerados.

El ajuste como política de emergencia

El argumento oficial es claro: ordenar las finanzas. Pero detrás de esa necesidad se esconde una realidad más cruda. La baja en la coparticipación federal y el derrumbe de la recaudación han dejado al Estado entrerriano sin margen de maniobra. La urgencia por recaudar lo que sea y de donde sea domina la agenda del Ejecutivo. Mientras tanto, crece la presión de los gobernadores para redireccionar los fondos específicos, como los del impuesto a los combustibles, directamente a rentas generales y no a organismos nacionales.

Garantizar el pago de sueldos ya no es simplemente una obligación de gestión: se ha convertido en un proyecto político de supervivencia.

Una deuda con historia y protagonistas conocidos

En el horizonte económico aparece también el peso del endeudamiento. La provincia debe afrontar el crédito tomado en 2018 por el exgobernador Gustavo Bordet, aprobado en su momento por la oposición con la condición de coparticipar el 18% a los municipios. En aquellos años, Rogelio Frigerio, actual gobernador, era ministro del Interior de la Nación y parte de un gobierno que, con Mauricio Macri al mando, contrajo una deuda histórica con el Fondo Monetario Internacional por 44 mil millones de dólares. Fue un endeudamiento posibilitado, según reconoció el propio Nicolás Dujovne, por el desendeudamiento previo logrado durante los gobiernos kirchneristas.

En ese contexto, la toma de deuda se había naturalizado. Hoy, sus consecuencias están a la vista.

Un mercado laboral en retroceso

El impacto de la crisis no se limita al sector público. La economía privada en Entre Ríos también siente los efectos de un modelo nacional que, aunque celebra el superávit fiscal, omite los daños colaterales. Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, la tasa de desempleo nacional en el primer trimestre de 2025 fue del 7,9%. En Concordia, el desempleo creció un 3,4% respecto al mismo período del año anterior; en el Gran Paraná, el aumento fue más moderado, del 4,2% al 4,5%.

En la industria de la construcción, las cifras son devastadoras. Iván Szczech, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, reveló que de los 12.000 empleos directos que existían en Entre Ríos, hoy sólo quedan 4.500. El recorte del 30% en la actividad refleja el efecto de las políticas de ajuste y la falta de inversión estatal, que no logra ser compensada por el sector privado.

Alianzas y estrategia política en tiempos de crisis

En este contexto de ajuste y creciente malestar, el gobernador Frigerio apuesta por consolidar su alianza con La Libertad Avanza. Busca reforzar el vínculo con Javier Milei, apoyando su programa en el Congreso y evitando quedar fuera de la nueva configuración del poder político nacional. El objetivo es claro: no quedar del lado de los perdedores en las próximas elecciones.

Pero ese posicionamiento puede tener costos. La motosierra que opera a nivel nacional ya dejó marcas profundas en Entre Ríos, y muchos se preguntan si la administración provincial no está replicando con demasiado celo un modelo que castiga más a los que menos tienen.