Licencia por adopción: proyecto de Bentos logró aval del defensor general y dictamen en el Senado
La propuesta que modifica el régimen de licencias para empleados públicos avanzó en comisión con respaldo técnico de Maximiliano Benítez y quedó en condiciones de completar su tratamiento en la Legislatura.
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La Comisión de Legislación General del Senado dio dictamen favorable a un proyecto de ley que propone modificar el régimen de licencias por adopción para empleados públicos provinciales y organismos descentralizados.
La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados desde agosto de 2025, es autoría de la legisladora Mariana Bentos, integrante de la bancada oficialista “Juntos por Entre Ríos” y oriunda de Villaguay.
En una reunión de comisión presidida por la senadora Nancy Miranda (Federal - Más para Entre Ríos), los senadores presentes escucharon a especialistas en la temática que dieron su visto bueno, por lo que finalmente resolvieron acompañar la propuesta.
Cambio clave en el régimen de licencias
El proyecto introduce modificaciones sustanciales al esquema vigente. Entre los puntos más destacados, se establece una licencia de 120 días corridos desde la etapa de vinculación -y no desde la guarda, como ocurre actualmente-, con la posibilidad de extenderla por 30 días más en casos de niños, niñas o adolescentes con discapacidad o en adopciones múltiples.
Además, contempla licencias específicas para asistir a talleres, entrevistas y audiencias judiciales, así como la posibilidad de una licencia sin goce de haberes.
En situaciones donde ambos adoptantes sean empleados del Estado provincial, podrán compartir hasta 30 días de licencia en forma conjunta y luego utilizar el resto de manera alternada.
La voz de los especialistas
Para abordar el proyecto, fue convocado el defensor general de Entre Ríos, Maximiliano Benítez, quien concurrió a la cita junto a la secretaria del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines de Adopción (RUAER), María Silvana Spais.
Benítez destacó la importancia de la iniciativa al señalar que “esto es un viejo anhelo cuando comenzamos a hacernos cargo del tema adopción”. En tal sentido, explicó que el proceso adoptivo incluye etapas previas fundamentales: “Los aspirantes a adopción y los niños, niñas y adolescentes necesitan tiempo para consolidar los vínculos, por eso la licencia debe comenzar a partir de la vinculación y no de la guarda”.
También remarcó que muchas familias deben trasladarse dentro del territorio provincial para concretar estos encuentros. “Bregamos para que los empleados públicos tengan esa licencia”, subrayó, y agregó: “Con esto, daríamos un paso adelante y seríamos una de las primeras provincias en tener un régimen especial”.
Por su parte, Spais sostuvo que la iniciativa de Bentos “tiene que ver con una lucha a nivel nacional” y enfatizó la necesidad de visibilizar estos procesos: “Es importante visibilizar el tiempo que es necesario dedicar a construir lazos con niños y adolescentes que atraviesan situaciones de vulneraciones de derechos”.
La mirada de la autora
Ante los miembros de la Comisión de Legislación General del Senado, Bentos explicó el espíritu del proyecto: “Buscar herramientas para el derecho de los niños”. En esa línea, afirmó: “Tenemos que seguir trabajando para agilizar adopciones”.
Durante el intercambio también se expuso un panorama preocupante: hay más de 100 menores en condiciones de ser adoptados en la provincia y no hay cupos en las residencias estatales. A esto se suma una disminución en la cantidad de familias interesadas en adoptar, siendo docentes y policías quienes predominan en los listados actuales.
Hacia la sanción definitiva
Tras escuchar a los especialistas y realizar consultas, los senadores resolvieron firmar el dictamen favorable, lo que representa un paso clave hacia la sanción definitiva de la ley.
De aprobarse, la iniciativa impulsada por la diputada Bentos posicionaría a Entre Ríos entre las primeras provincias en reconocer de manera integral el tiempo de vinculación en los procesos adoptivos, con el objetivo de garantizar el derecho de niños, niñas y adolescentes a crecer en un entorno familiar.
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