Gobierno de Entre Ríos ofrece $5.000.000 por información sobre el paradero de Enrique Fabiani
La provincia busca pistas sobre el hombre de 74 años desaparecido en junio de 2024 mientras cazaba en Villaguay. La recompensa estará vigente por un año y garantiza el anonimato de los informantes.
El gobierno entrerriano oficializó una recompensa de $5.000.000 para quienes aporten datos verificables sobre el paradero de Enrique Héctor Fabiani, el hombre de 74 años desaparecido el 5 de junio de 2024 en la zona rural de Mojones Norte, departamento de Villaguay. La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución N° 0179, fue impulsada por el Ministerio de Seguridad y Justicia, a cargo de Néstor Roncaglia, y tendrá vigencia por 12 meses.
Los detalles de la desaparición
Fabiani, oriundo de Santa Fe, fue visto por última vez en el campo "Don Antonio", ubicado sobre la Ruta 127, donde había ido a cazar junto a su hijo Germán y un grupo de amigos. Según la descripción oficial, el hombre vestía ropa camuflada, botas de goma negras y portaba una escopeta calibre 20 de un solo caño.
El único rastro encontrado hasta ahora es un cartucho perteneciente al arma que llevaba, hallado en circunstancias que generaron dudas en la familia. El descubrimiento lo hizo un vidente durante un rastrillaje en el campo de Julio Lodi, la última persona que vio a Fabiani con vida. Mientras las autoridades afirman que el vidente participó voluntariamente, versiones extraoficiales sugieren que fue llevado por la Policía de Entre Ríos.
La recompensa y los requisitos
El gobierno estableció que el pago se realizará solo si la información aportada es considerada relevante por el Ministerio Público Fiscal. Los interesados pueden comunicarse con la Dirección General de Derechos Humanos en Paraná (teléfono 0343-4208361, interno 16; celular 343-6619072; o correo derechoshumanos@entrerios.gov.ar). La identidad de los informantes será resguardada, y el monto se entregará mediante un acta notarial.
Críticas a la investigación
La familia de Fabiani, representada por una querella, ha cuestionado la falta de un fiscal dedicado exclusivamente al caso. En un escrito dirigido al procurador Jorge García, los abogados exigieron mayor compromiso institucional, recordando que su labor es remunerada con fondos públicos.
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