El decreto establece que estos pagos ya no podrán ser exigidos en los acuerdos
colectivos de trabajo, salvo que los empleadores decidan realizarlos de manera voluntaria.
Según el Gobierno, estas cláusulas "no tienen fundamento normativo y afectan la autonomía convencional, la libertad de contratación y de afiliación de los empleadores y vulneran los principios constitucionales de legalidad y representatividad". Las cámaras empresariales afectadas tienen un plazo de 90 días para adecuarse a la nueva normativa.
El impacto en el sector comercial
El sector más afectado por la medida es el de Comercio, cuyo convenio colectivo dispone un aporte obligatorio de $4.700 por trabajador por mes (equivalente al 0,5% de la nómina). Este fondo, administrado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (Udeca), es recaudado a través del Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (Inacap).
La recaudación potencial de estos aportes ascendía a $5.640 millones mensuales y casi $68.000 millones anuales, aunque en la práctica se estima que solo la mitad de los comercios cumplían con el pago, reduciendo la cifra a unos $3.000 millones por mes.
La Cámara de Distribuidores Mayoristas (Cadam) fue una de las entidades que más insistió en la eliminación de este aporte. "Los comerciantes deben pagar un aporte mensual obligatorio por ‘capacitación’ por cada empleado, aunque no se capaciten nunca", señalaron desde la entidad, celebrando que el pago pase a ser voluntario.
Además, denunciaron la falta de rendición de cuentas por parte de algunas cámaras y destacaron que la eliminación representará un ahorro de $47 millones mensuales para el sector mayorista.
Preocupación en la industria
El impacto de la medida también se siente en la industria, donde varias cámaras
empresariales se financiaban con aportes similares. Entre ellas, la Asociación de
Industriales Metalúrgicos de la Argentina (Adimra) recaudaba el 1% del sueldo de los trabajadores metalúrgicos, lo que podría representar hasta $1.800 millones mensuales.
Sin embargo, solo un 30% de los empleados contribuían efectivamente, lo que reducía la recaudación.
Otras cámaras, como la Asociación de Fabricantes de Autocomponentes (Afac) y la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica (Camima), se habían opuesto a estos pagos y promovieron su eliminación. Camima celebró la decisión y afirmó que las empresas que venían realizando los aportes obligatorios podrán interrumpirlos con una notificación formal a las entidades que los cobraban.
Un futuro incierto para las cámaras empresariales
Con un plazo de 90 días para adecuarse, las entidades afectadas analizan cómo sostener sus finanzas sin estos ingresos. En el comercio, por ejemplo, hay preocupación por la disminución de recursos que afectará a más de 300 cámaras en todo el país. "Se les envía dinero para capacitación y fortalecimiento institucional", señalaron fuentes de la CAC, advirtiendo que el financiamiento voluntario podría no ser suficiente.
En un comunicado, la CAC defendió el papel de estas instituciones, resaltando que “muchas de las acciones que llevan adelante estas entidades difícilmente serían sostenibles sin el financiamiento obligatorio, ya que sus beneficios tienen carácter general y no excluyen a quienes no contribuyen con su sostenimiento".
El Gobierno, por su parte, ratificó la medida bajo el argumento de que estos aportes son compulsivos y generan un sobrecosto para las empresas. Aseguró que mantendrá su decisión y velará por su cumplimiento dentro del plazo establecido. En tanto, la incertidumbre persiste en varias industrias, que ahora deben evaluar alternativas para su financiamiento en un nuevo escenario normativo.

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AUTOR

Mariano Jacobi

Periodista

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