Alarmante desmonte de más de 130 hectáreas en zona de conservación: apuntan al Estado y a una empresa agropecuaria
Fundación Cauce promovió un amparo ambiental por la destrucción de montes nativos en el departamento Villaguay. La Justicia constató daños en más de 130 hectáreas. La causa sigue su curso mientras crece la preocupación por la presión agropecuaria.
A partir del recurso de amparo ambiental colectivo, promovido durante marzo pasado por Fundación Cauce, se encuentra bajo investigación el desmonte en lotes ubicados entre los distritos Mojones Norte y Mojones Sur del departamento Villaguay.
La demanda de la entidad, con sede en Paraná, apuntó al Estado provincial por la falta de controles y a la empresa agropecuaria Salentein Argentina B-V por presunta actividad ilícita, ya que se trata de una zona de conservación, por lo cual el desmote está prohibido.
En la admisión del proceso, la jueza de Paz Nº 1 de Paraná, Virginia Giachello, dispuso la realización de un relevamiento in situ del presunto daño ambiental y que se arbitren los mecanismos adecuados para el resguardo de los montes nativos. Esta instancia se efectuó el pasado 30 de abril, cuando se presentó un pedido de la filial de la multinacional -de origen holandés- para ser excluida de la causa, asegurando haber vendido las tierras en noviembre de 2024, antes de que fueran desmanteladas. Sin embargo, la ONG ecologista dice contar con evidencias de que las tareas de desmonte comenzaron a inicios de la primavera de ese mismo año, cuando la compañía aún figuraba como titular dominial de los lotes.
La inspección judicial se llevó adelante en los campos denominados La Pelusa y El Durazno, en presencia de todas las partes involucradas, donde se constató que quedaron 130 hectáreas de “tierra pelada”, de acuerdo a lo informado desde la fundación.
Ante esta situación suscitada, fueron citados los actuales propietarios del predio: Jorge Rodríguez y las firmas SYS SA (dedicada al transporte, negocios inmobiliarios y ganadería con sede en Viale) y El Choli (ganadera y agrícola de Alcaraz). Estos declararon haber tomado posesión en junio de 2024 y reconocieron la apertura de amplias zonas de monte -denominadas “abras”- en el marco de un proyecto ganadero. De acuerdo a la versión de esta parte, las intervenciones tienen como propósito crear cortafuegos y controlar la caza furtiva, que afecta al ganado y la fauna silvestre.
Frente a ello, desde Cauce fueron tajantes en poner de relieve que “lo que está en juego no es solamente una disputa legal sino también la conservación de un ecosistema clave: el monte nativo espinal”. “Este bioma, característico del centro y norte de Entre Ríos, alberga una rica biodiversidad de flora y fauna adaptada a un entorno semiárido, que es refugio de especies amenazadas, regula el ciclo hídrico, mitiga inundaciones, almacena carbono y protege los suelos contra la erosión”, describieron sobre el lugar en cuestión. En este sentido, se observó que “el desmonte sobre más de 130 hectáreas que destruyó hábitats naturales, favorece la desertificación, aumenta el riesgo de incendios y tiene efectos negativos sobre quienes dependen de los servicios ambientales de este ecosistema”.
Sin ceder en sus reclamos, Fundación Cauce indicó que la causa seguirá con la producción de prueba, “en un contexto donde la presión agropecuaria sobre los últimos relictos de monte nativo de la provincia genera creciente preocupación social y ambiental”.
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